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José Luis Groba, presidente de la asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) / CG

Los inspectores ven la hacienda catalana como un riesgo

El presidente de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Groba, asegura que hay profesionales que regresan a la Agencia estatal "defraudados" con la experiencia en Cataluña

5 min

Las dificultades de la Generalitat para incorporar, vía concurso, a nuevos inspectores y gestores en la Agència Tributària de Catalunya (ATC), tienen un motivo: “Los candidatos no lo ven como un proyecto seguro y viable. Lo consideran un riesgo. Y a los funcionarios no nos gustan las aventuras”.

Así opina José Luis Groba, presidente de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que cuenta con 1.400 asociados. Advierte, en declaraciones a Crónica Global, de que la ATC no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a los nuevos impuestos creados por el Govern, como resultado del pacto entre JxS y la CUP --bebidas azucaradas, activos no productivos de las empresas…--, y su efecto recaudatorio “es escaso”. Situaciones similares se producen a nivel estatal o autonómico, incluso a nivel europeo, cuando se crean impuestos “que requieren de importantes recursos para administrarlos”.

Plantilla insuficiente

¿Populismo? Groba no entra a valorar la finalidad político de esos gravámenes pues “entiendo que habrá partidos a favor y en contra”, pero sí advierte de que la plantilla de la que dispone la ATC es insuficiente.

La Generalitat, según publicó este diario, espera contar con un total de 40 inspectores y 100 gestores. “Si solo fuera para gestionar los impuestos que ahora tiene transferidos y se mantuviera el acuerdo con los Registradores de la Propiedad --la Generalitat ha roto su convenio con este colectivo, dependiente del Ministerio de Justicia y que ayudaban a liquidar los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, dejando en el aire a 260 trabajadores--, aún.

Concursos desiertos

Pero con los nuevos impuestos, es una cifra pequeña”. Groba explica que la plantilla de la Hacienda española asciende a 24.000 personas, de las cuales 1.800 son inspectores y 8.000 técnicos. “Teniendo en cuenta que Cataluña representa casi algo más del 20% del PIB español, es evidente que la plantilla de la hacienda catalana es escasa”. Los 800 empleados que la vicepresidencia económica de la Generalitat aspira a tener antes de que finalice el año --ahora tiene 350-- comenzaría a ser una cantidad aceptable, según el presidente de IHE. Pero esa aspiración choca con los concursos convocados por la ATC que quedan desiertos o que no cubren las plazas previstas.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, junto al secretario de Hacienda catalán, Lluís Salvadó / EFE

El vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el secretario catalán de Hacienda, Lluís Salvadó

El motivo es que quienes pueden aspirar a esas plazas “no ven la ATC como un proyecto seguro. A los funcionarios no nos gustan las aventuras y renunciar al ámbito privado para pasar al público exige garantías de viabilidad”.

La hacienda española, más atractiva

¿Influye la política? “Todo influye. Pero hace años no había conflicto en Cataluña y la agencia catalana también tenía problemas para ocupar las plazas. Por el contrario la agencia española es más estable, resulta más atractiva que las agencias autonómicas e incluso tiene salidas a nivel internacional”.

Explica Groba que se han dado casos de traspaso de inspectores de la agencia estatal a la catalana, “incluso por parte de quienes tenían un alto cargo, pero al final regresaron defraudados a la agencia española porque su experiencia no fue positiva”. En este sentido, precisa que “cuando se opta por un traslado, la idea es progresar, se tienen una expectativas profesionales que luego no se cumplen”.

José Luis Groba defiende a su colectivo profesional, en ocasiones criminalizado. “La gente tiene la idea de que solo nos centramos en el pequeño defraudador, pero no es cierto. Los grandes defraudadores tienen más recursos, mejores asesores y diseños fiscales más complicados para infringir la ley. Además, nos debemos al secreto profesional”, explica. En este sentido, asegura que “solo se conocen los casos que aparecen en la prensa y generalmente se trata de fraudes que ya han trascendido el ámbito fiscal para pasar al judicial”. Una reivindicación histórica de los inspectores de hacienda: “Más medios personales porque solo con la informática no basta”.

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