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Representantes de Escuela de Todos-Escola de Tothom, que reúne a una quincena de entidades en defensa del bilingüismo escolar / EFE

La sociedad civil toma el mando y finiquita la razón de ser del nacionalismo: la inmersión

Frente al bloqueo político, entidades como AEB o Impulso Ciudadano ven reconocida su lucha ante una justicia que avala su legitimidad para defender a 1.643 familias que quieren enseñanza bilingüe

8 min

Sostiene el independentismo que imponer un 25% de castellano en las aulas en una injerencia. Obvia, sin embargo, que la ejecución forzosa de esa sentencia histórica que flexibiliza la inmersión es el resultado de la reiterada negativa del nacionalismo a abordar un asunto en el que ha tomado la iniciativa la sociedad civil.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) e Impulso Ciudadano han liderado en estos últimos años la lucha por el reconocimiento del español como lengua también vehicular frente a quienes defienden el monolingüismo. Han sido insultados por ello --la consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis (JxCat), les tildó de fascistas--, mientras que las familias a las que representaban eran acosadas --el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, acudió rodeado de una nube de fotógrafos a una escuela de Canet de Mar para señalar a un menor de cinco años--, pero el tiempo ha puesto a cada protagonista de este conflicto lingüístico en su sitio.

El papel de la Alta Inspección

AEB e Impulso Ciudadano recogen el testigo de otras muchas que también se opusieron a la inmersión --Acción Cultural Miguel de Cervantes, Convivencia Cívica Catalana, Asociación por la Tolerancia, Profesores por el Bilingüismo, Sociedad Civil Catalana…--, porque largo ha sido el combate que ahora culmina con una orden de ejecución inmediata y medidas para garantizar que las administraciones --es decir, la Generalitat pero también el Gobierno español a través de la Alta Inspección-- obedece.

La lucha se remonta a casi 40 años, pues tras la aprobación de la Ley de Política Lingüística durante el gobierno de Jordi Pujol, las impugnaciones judiciales de padres de alumnos defensores de la cooficialidad efectiva del catalán y el castellano no se hicieron esperar. Tampoco las sentencias que reconocían el derecho a la escolarización en lengua materna en el primer ciclo.

govern manifestacion inmersion
Cambray, Aragonès, Alsina y Junqueras en una manifestación en defensa de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán / LUIS MIGUEL AÑÓN

Tercera hora en castellano

Pero cualquier atisbo de flexibilizar la inmersión provocaba una tormenta política. En 2007, el entonces consejero de Educación, Ernest Maragall --entonces militante socialista, aunque después se pasó a ERC--, propuso introducir una tercera hora de castellano en las escuelas catalanas, tras constatarse que en la mayoría de ellas ese idioma era testimonial y en algunas zonas de la Cataluña interior los alumnos no dominaban el español. La propuesta no se llegó a aplicar por el escándalo suscitado entre los nacionalistas y entidades favorables al monolingüismo escolar.

Portavoces de educación de PSC, JxCat, ERC y En Comú Podem tras registrar la reforma de la ley de política lingüística
Portavoces de educación de PSC, JxCat, ERC y En Comú Podem tras registrar la reforma de la ley de política lingüística

Desde entonces, se sucedieron las resoluciones judiciales a favor de ese 25% de clases en castellano. Incluso el Tribunal Constitucional dictaminó que una lengua no podía tener un rango superior respecto a otra en una comunidad con dos idiomas oficiales.

Flexibilizar la inmersión

En 2018, el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló (ERC), propuso flexibilizar la inmersión en el documento El modelo lingüístico del sistema educativo en Cataluña. El aprendizaje y el uso de las lenguas en un contexto educativo multilingüe y multicultural [Puede leerse en este enlace]. Abogaba por reforzar el castellano en centros escolares donde el catalán tenía un fuerte arraigo social. Pero el rechazo de entidades como Plataforma per la Llengua, el grupo Koiné, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural provocó que Bargalló diera marcha atrás en esa flexibilización. La misma que contemplaba el gran acuerdo suscrito por ERC, JxCat, En Comú Podem y PSC el pasado marzo para reformar la ley de política lingüística. Era una forma de dar respuesta a la sentencia, ya firme por resolución del Tribunal Supremo, que obliga a impartir un 25% en castellano.

A pesar de haber firmado el pacto, los neoconvergentes lo han bloqueado debido a la presión de los colectivos monolingües. De ahí que el PSC culpara ayer a JxCat de la ejecución forzosa de la sentencia. Durante años, los socialistas no fueron proactivos en ese reconocimiento de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes. Hasta que, ya en la última etapa del liderazgo de Miquel Iceta, se comenzó a abordar un problema que tenía visos de fractura social. Salvador Illa ha recogido el testigo de una máxima, según la cual, defender el catalán no debe implicar atacar al castellano.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, coinciden este viernes en Barcelona / EUROPA PRESS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès / EUROPA PRESS

Inhabilitación en juego

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho extensiva su estrategia de desinflamación ante el procés al terreno de la lengua, dejando en manos de la justicia la ejecución de la sentencia, a pesar de que el abogado del Estado estaba personado en la causa. Ahora, el TSJC obliga a la Alta Inspección a garantizar que se ejecuta su fallo.

Los comunes, socios de gobierno de los socialistas, siempre han defendido la inmersión, mientras que Ciudadanos y PP, firmes partidarios del bilingüismo, han perdido su capacidad de influencia en Cataluña ante un independentismo que ha utilizado la lengua como instrumento de cohesión. Pero ni por esas han logrado ERC y Junts reconciliarse. Ayer mismo, los sectores más duros de los neoconvergentes instaban a Pere Aragonès a desobedecer. Si lo hace, la fiscalía actuará y los republicanos --que presiden la Generalitat y dirigen la Conselleria de Educación-- se juegan la inhabilitación.

Pero la victoria de esa sociedad civil defensora del bilingüismo, tanto moral como judicial, ya es inapelable. La justicia ha reconocido, además, un tema no menor, como es que la AEB tiene legitimidad para representar a las 1.643 familias que han confiado en ella para defender sus derechos lingüísticos.