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Presentación del informe 'Aplicación abusiva de la legislación terrorista' de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos del Govern, el miércoles 12 de mayo de 2021 / @hitensdret (TWITTER)

Un informe del Govern sostiene que la ley antiterrorista se basa en "derecho penal del enemigo"

El abogado y exdiputado de la CUP Benet Salellas cree que "se juzga a las personas por su ideología" y pide cambiar los tipos penales para ser más "objetivos"

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La denominada Oficina de Derechos Civiles y Políticos del Govern, una de las entidades públicas creadas por la Generalitat de Cataluña durante el procés, ha elaborado un informe para criticar la ley antiterrorista española. Lo ha hecho a través de un informe titulado Aplicación abusiva de la legislación terrorista, en el cual sostiene que la actual normativa del país para combatirlo tiene rasgos que se dan en "un marco de derecho penal del enemigo". 

Según sus promotores, dicha ley no está regida por el principio de proporcionalidad y prevé herramientas de excepcionalidad que limitan los derechos fundamentales.

El informe, presentado este miércoles, considera que si hay dificultades para mantener un marco de lucha antiterrorista respetuoso con los derechos fundamentales es porque los "operadores jurídicos --Audiencia Nacional y Fiscalía-- no tienen", en su opinión, "plena independencia del poder político y arrastran prácticas jurídicas generadas durante la etapa preconstitucional".

Benet Salellas: "Se juzga por ideología"

El documento de este organismo público también considera que la legislación antiterrorista actual se ha construido en los últimos años en base a "conceptos jurídicos excesivamente abiertos que permiten que el derecho penal quede definido a partir de nociones políticas que pueden provocar la criminalización de conductas de naturaleza exclusivamente política".

En la presentación del informe ha participado Benet Salellas --uno de los abogados en el juicio a los líderes del procés secesionista--, que opina que la legislación antiterrorista española se enmarca en la definición de derecho penal de enemigo hecha por el Tribunal Supremo (TS), ya que es desproporcionada en cuanto a las penas y "se juzga a personas por su ideología, es decir, más por lo que piensan que no por los hechos".

"No buscan armas, sino libros"

A su modo de ver, la actual legislación antiterrorista está muy enfocada hacia el juicio de las ideas: "En las operaciones policiales, cuando la policía entra en el domicilio en aplicación de la legislación antiterrorista, ya no busca explosivos o armas, sino que busca libros, vídeos o publicaciones. Pienso que es una derrota absoluta del Estado de derecho".

Salellas ha criticado que se considere terrorismo los delitos de "daños o injurias a la Corona si se cometen con voluntad de subvertir el orden constitucional, por lo que se coloca a todos aquellos que no están de acuerdo con el régimen del 78 en el foco del terrorismo".

"Sin embargo, aquellos que desde posiciones racistas, machistas y homófobas están haciendo política para apuntalar este régimen desde la extrema derecha, esta gente se queda fuera de la legislación antiterrorista", ha opinado el exdiputado de la CUP, por lo que cree que la solución debe ser modificar los tipos penales y dar una visión más "objetiva", según sus palabras.

Aval de periodistas y activistas secesionistas

El periodista y activista secesionista Jesús Rodríguez, que también ha participado en el acto, ha lamentado que la actual ley supone un agravio comparativo ya que, según él, "es una legislación pensada para ser utilizada en contra de personas o grupos que se consideran disidentes o críticos con el sistema imperante", y cree que el objetivo es desmovilizar a ciertos colectivos.

La activista independentista Tamara Carrasco ha reprochado a los medios de comunicación haber "colaborado en este linchamiento mediático, junto con la ley antiterrorista y los partidos políticos: son todos patas del régimen".