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El consejero de Cultura del Govern Santi Vila / EFE

Un informe de Deloitte que costó 67.000 euros al Govern lleva cuatro años en el olvido

La Generalitat encargó a la consultora un estudio sobre la viabilidad del Consorcio para la Normalización Lingüística, en situación crítica, que todavía no se ha aplicado

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El consejero de Cultura, Santi Vila, inaugura el lunes la nueva sede del Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL), pero esta entidad no está para muchas celebraciones. Hace años que los recortes presupuestarios, y por tanto, de las plantillas, lastran la labor de una pieza clave en el fomento de la lengua catalana. El plan de viabilidad para reflotar esta situación, basado en un informe elaborado por la empresa Deloitte en 2013, parece dormir el sueño de los justos.

Este informe costó 67.000 euros, un precio criticado por las formaciones de la izquierda en el Parlamento catalán, donde en la próximas Comisión de Cultura está previsto que comparezca para dar explicaciones al respecto la directora de Política Lingüística de la Generalitat y presidenta del CPNL, Ester Franquesa.

Menos cursos en empresas

El consorcio es, tal como informó Crónica Global, uno de los principales damnificados por los recortes de la Consejería de Cultura, que apenas alcanza el 0,65% del presupuesto total de la Generalitat. El departamento admite que no se ha logrado llegar al 1% prometido. De hecho, el gasto en cultura catalana es inferior al de 2011 (280 millones) y 2012 (277 millones), años en los que el Gobierno de CiU, presidido entonces por Artur Mas, pactó el presupuesto con el PP.

En lo que respecta al CPNL, fuentes de la conselleria aseguran que se está trabajando en la resolución del conflicto laboral.  Un total de 400 personas no han visto renovados sus contratos debido a una reducción presupuestaria del 25% y unas 40 vacantes por jubilación no se han cubierto.

“La precariedad es muy alta, con contratos temporales y de media jornada. Hay cursos que no se pueden llevar a cabo por falta de medios, especialmente en empresas”, denuncia el diputado del PSC, Rafel Bruguera, quien ha incluido esta problemática en varias iniciativas parlamentarias.

 “El CPNL se limita a cubrir las demandas que le llegan, unos 70.000 alumnos al año, pero este Consorcio es invisible socialmente. No se hace publicidad de los cursos, por ejemplo. Se limitan a ser reactivos y no proactivos”, añade.