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La consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, junto al rector de la UAB, Javier Lafuente / GENCAT

La incoherencia de los rectores: rechazan cuotas en castellano, pero exigen un 80% de catalán

Universitaris per la Convivència califica de "esperpento" el doble rasero de los responsables de los centros públicos, que critican los "porcentajes arbitrarios" de la sentencia del TSJC

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Los rectores de las universidades públicas catalanas rechazan el sistema de cuotas lingüísticas que, según dicen, impone el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero exigen un 80% de catalán en la docencia, en la línea de los defendido por la consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis. Universitaris per la Convivència ha subrayado esta incoherencia en un comunicado en el que califica de "esperpento" el comunicado de la ACUP (Asociación Catalana de universidades Públicas).

Ayer, los rectores de las ocho universidades públicas catalanas rechazaron lo que consideran "porcentajes arbitrarios desconectados de la realidad territorial", en alusión a la sentencia del TSJC que insta a impartir al menos un 25 % de asignaturas en castellano en el sistema educativo de la Generalitat. En respuesta a esa postura, Universitaris per la Convivència, que agrupa a más de 200 profesores, acusa a los miembros de la ACUP de "dibujar una especie de pensamiento único en nuestros campus sobre temas que, además, resultan extraordinariamente controvertidos". Recuerdan que "son ya varias las universidades públicas catalanas condenadas judicialmente por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus miembros. Ni los claustrales ni los rectores pueden arrogarse la representación política de profesores, alumnos y personal de administración y servicios. Sencillamente, no la tienen. Nadie los ha elegido para tal fin ni este se encuentra, como es obvio, entre sus competencias". 

"Mantras nacionalistas"

Para esta asociación, que defiende la neutralidad en los campus, los rectores critican la "desafortunada selección de mantras del nacionalismo lingüístico que carecen por completo de base científica. El contenido del comunicado es hiriente para los prestigiosos profesores de diferentes disciplinas (lingüistas, pedagogos, sociólogos, juristas…) que, día a día, en nuestras universidades, analizan con el rigor propio del mundo académico temas de una extraordinaria complejidad. La contribución de la universidad a la formación de una opinión púbica ilustrada y crítica ha de ser protagonizada por sus profesores y no por sus órganos de gobierno".

Ricardo García Manrique, Isabel Fernández Alonso y Ricardo Gómez Val, miembros de Universitaris per la Convivència en la entrega de una propuesta de reforma legal para garantizar la neutralidad en las universidades
Ricardo García Manrique, Isabel Fernández Alonso y Ricardo Gómez Val, miembros de Universitaris per la Convivència

El texto "roza el esperpento cuando pide que la política lingüística en la escuela 'no se base en porcentajes arbitrarios desconectados de la realidad territorial y se deje de instrumentalizar políticamente algo tan importante como es la enseñanza”. Resulta que los mismos rectores que realizan esta petición firmaron el 30 de junio de 2021 (por iniciativa del denominado Movimiento Estudiantil, que en redes sociales reivindica actos de violencia política en los campus) un “Compromiso contra la crisis educativa”, en el que se fija literalmente, como objetivo, alcanzar un mínimo de un 80 % de clases en catalán en la docencia de cada grado, posgrado y máster. En otras palabras, según nuestros rectores constituye una instrumentalización política inaceptable que en una sociedad bilingüe como la nuestra se fije para la escuela un mínimo del 25% de docencia en cada una de las lenguas oficiales mientras que ellos mismos marcan como objetivo avanzar hacia el 80% de docencia en catalán en las universidades. Sencillamente, inaudito".

Finalmente, Universitaris alerta "una vez más sobre la evidente sumisión de nuestros rectores al poder político y sobre la consiguiente violación de la autonomía universitaria en Cataluña. A la vez, sirva nuestra réplica para dejar constancia de que somos muchos los profesores catalanes que defendemos unas universidades concebidas como foros de encuentro entre muy diferentes sensibilidades sin que las autoridades académicas hagan prevalecer a ninguna sobre el resto. Pretender uniformizar el pensamiento es absolutamente incompatible con la misión de la Universidad y con la convivencia democrática".