Los impagos del Gobierno catalán también afectan a las agencias de colocación

La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña adeuda un total de nueve millones de euros a las agencias de colocación con las que colabora correspondientes a los años 2014 y 2015. Esta morosidad indigna a un sector que teme ser víctima de una cruzada contra la externalización de servicios similar a la que está llevando a cabo el consejero de Salud, Toni Comín.

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de Ciudadanos, Joan García González, la consejera Dolors Bassa explica que, el año pasado, se aprobó la concesión de 8,2 millones de euros a diferentes agencias dedicadas a la intermediación laboral para la inserción de personas en paro, y que colaboran con el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC). La Generalitat procedió a pagar un anticipo de 3.628.750 euros, de los cuales se han liquidado 3.594.550 euros, quedando pendiente la cantidad de 34.200 euros. Faltan por pagar otros cinco millones.

Pero es que, además, el Gobierno catalán nunca pagó los 3,7 millones de euros concedidos a estas agencias en 2014. “Ni tan siquiera nos pagaron el anticipo”, explica a Crónica Global el presidente de la Asociación Catalana de Agencias de Colocación y Empresas de Recolocación (ACACER), Àngel Buxó. Explica que el problema de origen se basa en la decisión de la Generalitat de externalizar este servicio mediante subvenciones, y no a través de un contrato administrativo, como se hace en el resto de España.

En 2010, el Estado obligó a las empresas dedicadas a la intermediación laboral --las antiguas ETT-- a darse de alta como agencias de colocación para poder trabajar con la Administración. “No fue un capricho del Gobierno socialista, sino una orden de la Unión Europea para homologar este tipo de actividad”, precisa Buxó, quien no se resigna a que trabajar para la Administración conlleve este tipo de morosidad.

Hacer un servicio público sin cobrar

El Ejecutivo catalán llevó a cabo una experiencia piloto en 2014. “La excusa es que el Estado no transfiere el dinero dedicado a políticas activas de ocupación, pero ese no es nuestro problema. Nosotros hacemos un trabajo, pero no se nos paga. Es comprensible que estemos muy enfadados”, denuncia Buxó, quien explica que ACACER ha presentado reclamaciones a la Generalitat por esta morosidad. El presidente de ACACER afea a la Generalitat que haya disminuido las partidas destinadas a estas políticas de empleo y que la consejera Bassa afirme que lograron "el mismo porcentaje de inserción que el SOC", sin tener en cuenta que los casos gestionados por la asociación "son los más difíciles".

Un total de 51 empresas colaboran con el SOC en la realización de acciones de intermediación laboral para la inserción en el mercado de trabajo de personas en paro. Estos servicios están dirigidos a mayores de 45 años inscritos durante más de tres meses de forma interrumpida en el SOC, así como menores de 45 años inscritos durante seis meses y beneficiarios de alguna de las siguientes prestaciones o ayudas: Programa extraordinario de Activación de la Ocupación, Renta Activa de Inserción, Prepara o Renta Mínima de Inserción.

El diputado García presentó la citada pregunta parlamentaria a raíz de una reunión mantenida el pasado mes de julio con ACACER, en la que representantes del sector le expusieron su malestar por los retrasos en el pago de esas subvenciones. “Vamos a formular otra batería de preguntas para saber si garantiza el pago del resto pendiente”, explica García a este medio.