La huelga con trasfondo político de Renfe colapsa el transporte público catalán

Los maquinistas rechazan el traspaso de Rodalies. La huelga de trabajadores de Renfe, convocada por el sindicato Semaf, causó este jueves graves alteraciones en los servicios de cercanías y obligó a cancelar más de 300 trenes. Los motivos para el parón se ciñen a la reivindicación de la “mejora de calidad del servicio” y “aumentar la frecuencia de trenes”. Pero la realidad es que la inminente transferencia de las cercanías y los convoyes de regionales a la Generalitat inquieta a los empleados de la principal operadora ferroviaria de España. El trasfondo es puramente político. 

El secretario general de vicepresidencia y Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Ricard Font, aprovechó el “caos” causado por el incumplimiento de los servicios mínimos --por parte de los maquinistas notificados para cubrirlos, según el operador ferroviario-- para presionar con la reclamación del traspaso “inmediato” de Rodalies. La mano derecha del vicepresident, Jordi Puigneró (JxCat), se victimizó con “el mal servicio que los ciudadanos de Cataluña reciben de Renfe”. Nada más lejos de la realidad, si se tiene en cuenta que el 70% de las incidencias de Rodalies --salvo en esta jornada de huelga-- son debidas a las infraestructuras de Adif que exigen una importante inversión en su modernización, contemplada en el Plan de Rodalies 2020-2030.

Los maquinistas rechazan el traspaso

El secretario general de Semaf, Juan José García Fraile, ha asegurado a Crónica Global que la huelga se debe a un “problema de calidad ferroviaria”. Esto, en ningún caso, se solucionaría con una tranferencia de la gestión completa de cercanías en Cataluña a la Generalitat. El representante sindical ha recordado que desde el acuerdo por el que se cedió la gestión de la red de corto radio al gobierno catalán “no hemos sido convocados” para integrar la mesa del traspaso ferroviario.

Entrada a la estación de Paseo de Gràcia, en Barcelona, con personas esperando / CARLOS MANZANO - CRÓNICA GLOBAL

Fuentes del sector conocedoras del asunto han explicado a este medio que el principal obstáculo reside en la modificación del modelo de pago de la tranferencia para suplir el coste del servicio de cercanías en Cataluña por parte del Gobierno. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2020-2021 han incluido que esta partida se haga de forma directa a la Generalitat, y no a Renfe, para cubrir los gastos de explotación de Rodalies. Un hecho que podría incendiar más la polémica entre los maquinistas que se niegan a pasar a FGC “sin motivos”, según García Fraile, y los anhelos de Font por lograr unos ferrocarriles como "infraestructuras de Estado" independentistas.

FGC, incapaz de asumir Rodalies

Los maquinistas, encabezados por Semaf, sufren por la incapacidad de FGC de mantener la red de Rodalies en la comunidad. De hecho, cuando se realizó la cesión de la línea Lleida-La Pobla de Segur, los trabajadores de Renfe rechazaron integrarse en la compañía ferroviaria catalana. Además, se debe tener en cuenta las diferencias en el modelo de explotación entre ambas operadoras, siendo el de la Generalitat un sistema más cercano a un metro.

Un tren de Rodalies en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

FGC opera y tiene talleres de mantenimiento para trenes de vía métrica (línea Llobregat) y ancho europeo (Vallès), mientras que Renfe utiliza el ibérico en toda la red de Rodalies. Es imposible que la empresa catalana sustituya a la ferroviaria española a corto y medio plazo, por no tener la infraestructura necesaria para hacerlo, ni material móvil ni los estándares de los carriles por los que circulan los convoyes.

Los maquinistas mantienen sus reclamaciones ante el disparate incubado desde hace años por Font, que obligaría a una reorganización de los trabajadores. Consideran que verían modificadas sus condiciones laborales y pasarían al servicio de un sistema “para impulsar la república catalana” desde los convoyes, han asegurado las fuentes consultadas del sector. Al igual que se ha intentado hacer, sostienen, con la adjudicación a la operadora catalana de la lanzadera del aeropuerto de Barcelona-El Prat. De nuevo, un pulso político que ha llevado al caos en la operativa del transporte público metropolitano en la primera jornada de las ocho de huelga.