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Jordi Vilajoana junto a Artur Mas en una imagen de archivo. El primero ha testificado esta mañana y el segundo lo hará esta tarde /EFE

Homs ordenó seguir la campaña del 9N pese a la prohibición del Tribunal Constitucional

Los testigos que participaron en la organización de la consulta se amparan en que sus jefes hicieron oídos sordos al fallo de la Justicia

8 min

El jefe del gabinete de Relaciones Externas y Protocolo de la Generalitat, Carles Fabró, y el director de Atención Ciudadana y Difusión, Ignasi Genovés, encargados de organizar la campaña institucional del 9N, han rechazado este martes en el Tribunal Supremo que recibieran indicaciones para frenarla pese a conocer la suspensión que pesaba sobre la consulta dictada por el Tribunal Constitucional (TC).

En esta segunda sesión de juicio que celebra contra el exconsejero de Presidencia y actual diputado del PDeCAT Francesc Homs, los dos altos cargos de la Generalitat --ambos dependientes de su departamento-- han explicado en calidad de testigos que, tanto el dispositivo del centro internacional de prensa como la campaña de publicidad de la consulta, continuaron vigentes por orden del propio Homs, que se enfrenta a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por los delitos de prevaricación y desobediencia.

Sin órdenes de parar

Fabró ha precisado que su cometido era habilitar el centro internacional de prensa en el Pabellón Italiano de la Fira de Barcelona, para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre de 2014 y que la comparecencia se hubiera producido aunque las urnas no hubieran salido a la calle.

Genovés, por su parte, ha reconocido al tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena que conocía la providencia del Constitucional pero no recibió "ningún encargo relativo a frenar la campaña de publicidad".

"No me tocaba a mi considerar si esto afectaba a la campaña o no y no tuve ninguna indicación al respecto", ha dicho a preguntas de las partes.

"De hecho la consulta se hizo el 9 de noviembre con toda normalidad", ha apuntado Genovés, que también se ha referido a que sería "inviable" quitar los carteles colocados en algunos lugares como eran los autobuses municipales.

Datos de menores al servicio de la consulta

Igualmente ha comparecido Federico Udina, Director del Instituto de Estadística de Cataluña, quien ha manifestado que adjuntó el informe jurídico de la Consejería de Presidencia en el convenio que firmó el departamento que él dirigía con la Consejería de Presidencia para ceder datos de población a la Administración autonómica. Se cedieron, en concreto, datos del padrón de ayuntamientos de Cataluña, esencialmente nombres y direcciones para poder informar a estas personas sobre el proceso participativo.

Udina ha tenido que comprobar durante su comparecencia, por los papeles que se le han mostrado, la cesión de datos de vecinos también menores de edad, como eran los mayores de 16 años. Se trataba de una base de datos temporal con compromiso de destrucción posterior de los mismos, algo que se comprobó a principios del mes de diciembre.

El Constitucional llegó tarde

Jordi Vilajoana, secretario general de la Presidencia cuando ocurrieron los hechos, ha manifestado a continuación que pensaban que debían explicar todo este proceso a los ciudadanos de Catalunya y que se pusieron en contacto con ellos para pedirles los datos de identidad y domicilio de todos los empadronados de más de 16 años.

El objetivo era enviarles una carta porque tenían que informarles del proceso participativo que se iba a desarrollar, lo que se concretó en una misiva del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. También ha señalado que cuando llegó la providencia del Tribunal Constitucional los voluntarios ya estaban operando y todo se desarrollo "con normalidad", y de hecho el 4 de noviembre, cuando se suspendió la consulta, todas las cartas ya habían sido enviadas.

La hija del tesorero

Por otro lado, responsable de publicidad institucional de la Generalitat Mónica Osácar, hija del tesorero de CDC, ha reconocido ante la sala que desconoce si fue Homs el que ordenó la realización de la campaña institucional para el proceso participativo del 9N, cuyo montante ascendió a un total de 813.942,80 euros. La campaña se contrató por la vía de urgencia si bien la primera empresa seleccionada renunció al contrato.

Según Osácar no se recibió ninguna orden para frenar esta campaña tras la resolución del Tribunal Constitucional, por lo que siguió en marcha. La testigo ha señalado que no pensaron en ello porque además a la vez que gestionaba este encargo tenían muchas más campañas en marcha e iban "a mil por hora".

A continuación ha testificado Marta Coll, directiva de la empresa de publicidad Media Planning que es la que realizó la publicidad en prensa, autobuses y marquesinas y en el cine, y que ha explicado que de la emitida en televisión y radio se ocupó directamente la Generalitat.

Ha dicho también que su empresa tiene mecanismos para frenar una campaña si se lo ordena el cliente, una orden judicial o el órgano de autocontrol --si fuera una campaña sexista--, pero que ninguno de estos tres supuestos se dio en el caso de la publicidad institucional del 9N y por ello no se paró.

Fechas alteradas

La primera en declarar este martes ha sido la directora asesoría jurídica de Fira de Barcelona, Fátima Soro, quien ha coincidido con lo señalado ayer por los responsables de la empresa Focus, que era la encargada de montar la rueda de prensa que se dio el 9N por la noche tras la celebración del denominado proceso participativo. Según esta responsable, pese a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional nadie de la Generalitat le ordenó parar en la organización de este evento.

Ha explicado que el contrato entre ambas entidades se firmó el día 7 --una vez suspendida la consulta por el TC-- pese a lo cual la fecha que aparece es la del día 3, porque era ese el día en el que comenzaba la vigencia del contrato.

Con esta explicación ha coincidido el segundo testigo que ha depuesto en la sesión de este martes, el director del área de negocio externo de la Fira, Pere Camprubí, quien tampoco se preguntó en ningún momento si estaban organizando actos prohibidos por los tribunales. El presupuesto final, no obstante, superó en algo más de 10.000 euros lo previsto inicialmente, algo que este testigo ha calificado de "perfectamente asumible".