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Barcelona veta el Hermitage con el gobierno municipal roto

BComú rechaza el proyecto de museo con los votos de sus concejales: el PSC se abstiene y se desmarca del revés a la inversión

5 min

El gobierno municipal de Barcelona ha vetado el proyecto de Museo Hermitage en el Puerto con división entre BComú y PSC, sus dos sociosEl Ejecutivo local se ha roto para desestimar las alegaciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) y denegar el convenio necesario para acometer la inversión conjunta entre Hermitage y Liceu, según ha anunciado hoy la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz

Después de que el Puerto de Barcelona desoyera la petición municipal de "más tiempo" para tomar la decisión sobre la subsede de la pinacoteca rusa en la zona de la Nova Bocana, y aprobara la concesión a los promotores del Hermitage, BComú ha reaccionado por boca de Sanz. La responsable de Urbanismo ha avanzado que la comisión de gobierno local rechazará la petición del Puerto. Lo hará solo con los votos del partido de Ada Colau. El PSC se ha desmarcado, absteniéndose, para dar más tiempo a negociar. 

Colau noquea el Hermitage

¿Qué implica esta decisión? Que el Ayuntamiento de Barcelona, con su gobierno dividido, veta el proyecto del Hermitage con el Liceu. La decisión no permite a los promotores del proyecto --el fondo de inversión Varia y la sociedad Cultural Development Barcelona-- seguir tramitando la obra tal y como está planteada. Ni permite al Puerto conceder permisos a las dos empresas. La actuación urbanística queda vetada y en punto muerto

La segunda es que el gobierno municipal no cree que el Puerto pueda recorrer judicialmente su veto. Se apoya en la tramitación urbanística de la zona de la Nova Bocana, que contemplaba la firma de un convenio previo Ayuntamiento-Autoridad Portuaria para elevar un edificio en la pastilla del Hermitage. "El Puerto se ha precipitado. Tenemos los informes que elaboramos para denegar el convenio y hay otros informes de Abogacía del Estado", ha asegurado Sanz, avanzándose a una posible acción judicial. 

Contraataque político...

Este es el escenario económico. El Hermitage queda desarbolado y el Puerto, con pocas armas para defender una inversión que su presidenta, Mercè Conesa, defiende. Precisamente, esta es la lectura política: el contraataque político del Ayuntamiento de Barcelona a la Autoridad Portuaria es demoledor. El martes, el Ejecutivo local pidió al ente de gobierno de la dársena "más tiempo" para estudiar la propuesta Hermitage-Liceu. El miércoles, Conesa hizo caso omiso y llevó al punto al orden del día. Lo aprobó con el 80% de los votos de los vocales

Ahora, la Administración local contraataca en lo que ya se ha convertido en un pulso ciudad-Puerto. Y lo hace activando uno de los resortes con los que contaba: la necesidad de un convenio entre ambas partes. Si no hay convenio, no hay museo. El equipo de Ada Colau, con Janet Sanz como gran defensora de "proyectos alternativos" en la zona, inversiones que no se han concretado, se ha limitado a decir no ante la jugada de Conesa

...con un coste político elevado

La negativa, no obstante, tiene un coste elevado. Al menos político. A diferencia del martes, Janet Sanz ha comparecido sola. No la ha flanqueado Laia Bonet, tercera teniente de alcalde del PSC, como unos días atrás. El gobierno municipal de Barcelona se ha roto para vetar el Hermitage. Las diferencias entre BComú y PSC con respecto a esta inversión en concreto han aflorado a lo largo del tiempo. De forma tímida, primero, y de forma descarnada, después. No hay precedentes de un plantón como el de los socialistas a su socio de gobierno. Al menos este mandato

En paralelo a las cuitas políticas, está el coste social. BComú está cada vez más sola en su negativa a autorizar este Hermitage. Cabe recordar que no solo respaldó la concesión a los promotores el 80% del consejo del Puerto, sino que reclaman el museo 85 asociaciones vecinales y patronales de la Ciudad Condal. Los comunes han convertido la obra en una batalla política con su socio, sí, pero también con una parte importante de la sociedad civil. Todo ello en el ecuador del mandato, que vence en 2023.