Hacienda ordena investigar los 1.300 millones ocultados por la Generalitat en 2013

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado este lunes que el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Intervención General del Estado están investigando los 1.318 millones de euros que la Generalitat gastó de más en 2013 pero que no contabilizó.

Según ha explicado Montoro, este gasto se corresponde con "contratos de participaciones público-privados de hace más de una década". Y ha añadido que se trata de "anotaciones en materia contable que no tienen por qué haberse producido" y, por tanto, "el tripartito (Banco de España, INE y la Intervención General del Estado) tiene el encargo de iniciar una investigación", de la que posteriormente se informará a Eurostat.

El déficit ocultado en 2013 se contabilizará este año

Este gasto se ha conocido este mismo año y, de acuerdo con la explicación de Montoro, el criterio de Eurostat es que se anote en el ejercicio en el que aflora, siempre y cuando dicho ejercicio aún no esté cerrado, por lo que finalmente se han imputado al año 2015, algo que ya se notará en los datos de déficit de las CCAA que se conocerán este martes, según ha explicado el ministro en unas jornadas del IESE.

El pasado 21 de octubre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicó que iba a imputar 1.500 millones extra al déficit de 2015 por contratos de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza del año 2013 que acababa de conocer.

En el caso de la Generalitat, el aumento del gasto en 2013 era de 1.318 millones derivados de contratos firmados en años anteriores y que se correspondían, según comunicó la Generalitat, a inversiones en carreteras y centros penitenciarios.

El FLA, condicionado a no financiar la secesión

Por otra parte, Montoro también ha instado a la Generalitat a cumplir "cuanto antes" con sus "nuevas" condiciones para recibir recursos adicionales del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del año 2014, para que sus proveedores "no tengan que sufrir más aplazamientos derivados de posiciones políticas que hoy no tienen sentido".

La inyección de liquidez adicional prevista para la Generalitat asciende a 3.034 millones de euros, pero está condicionada a que no se destinen a gastos independentistas.