Torra retoma el despliegue de la Hacienda catalana que denunció la Guardia Civil

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha retomado el despliegue del plan de la Hacienda catalana que la Guardia Civil denunció como parte del plan secesionista acometido en 2017 de forma fallida.

El Govern ha reactivado el Programa de homogeneización tributaria --lo anunció el número dos del Ejecutivo, Pere Aragonès, el 27 de diciembre-- que el instituto armado denunció ante el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que perseguía recaudar impuestos estatales. La hoja de ruta, bajo el pretexto de agilizar los trámites, buscaba arañar entre 4.500 y 5.000 millones de euros para una hipotética república catalana como "financiación inicial". La iniciativa fue anulada por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Hacienda catalana y no estatal

Según el programa, los impuestos y cotizaciones sociales de ayuntamientos catalanes y empresas del sector público de la Generalitat se liquidarían ante la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC). Con el fin de lograrlo, el anterior Gobierno catalán, liderado por el expresidente catalán prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, firmó convenios con los consistorios, universidades y entes del sector público. En virtud de los mismos, estos entes se comprometían a liquidar el IVA, el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social a la ATC y a la Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

Pere Aragonès, vicepresidente del Govern y responsable de Economía / EFE

Pere Aragonès, vicepresidente del Govern y responsable de Economía / EFE

Estos departamentos, a su vez, se comprometían a liquidar los impuestos ante la Hacienda estatal y la Seguridad Social. Argumentó entonces el Govern que la iniciativa permitiría facilitar y dotar de mayor eficacia a la recaudación del IRPF y de las cotizaciones sociales de ayuntamientos y empresas públicas de la autonomía. La Guardia Civil rechazó esa versión y esgrimió que el proyecto añadía más burocracia y forzaba a los obligados tributarios a liquidar ante la ATC cinco días antes de que expirara el plazo fijado por la Hacienda estatal.

"Asumir una competencia estatal"

En un informe de 165 páginas presentado ante la sala de Instrucción que inició las pesquisas por la organización del procés, la Guardia Civil alertó de que la hoja de ruta busca "de facto" asumir una "competencia estatal amparándose por ello en el desarrollo de una medida aparentemente legal". Por ello, argumentaba el instituto armado que el programa constituía "fraude de ley" y, más preocupante, la "toma de control" de los impuestos de la Generalitat de impuestos que son competencia del Estado.

En el mismo campo de la supuesta materia criminis, la Benemérita advirtió al juez de que el Gobierno catalán había gastado 241.382 euros en contratar a IBM para desarrollar el programa. Su desactivación costó otros 16.162 euros del erario público. Globalmente, el llamado impulso a la administración digital llevaba aparejada una dotación económica de 2,93 millones de euros. Con esta cantidad, la Generalitat hubiera podido bloquear en las cuentas de la ATC el importe de la recaudación del sector público catalán, eludiendo el perímetro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).