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Señalización en Lleida

Hablamos Español defenderá el castellano en Lleida con una sentencia del Supremo

La entidad considera que el tribunal ha creado jurisprudencia para poder recurrir las nuevas ordenanzas que no respeten la cooficialidad y denunciar por vía indirecta las elaboradas antes del fallo

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Hablamos Español, la entidad para garantizar el bilingüismo en el ámbito público, quiere defender la cooficialidad del castellano a través de una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que obliga al Ayuntamiento de Lugo, en Galicia, a mantener la lengua española junto a la gallega en sus señalizaciones y comunicaciones con los administrados.

La presidenta de la entidad, Gloria Lago, explica a Crónica Global que utilizarán la “jurisprudencia” que ha sentado el fallo del tribunal para recurrir cualquiera nueva ordenanza que atente contra los derechos lingüísticos y, también, para denunciar por “la vía indirecta” al resto de consistorios con ordenanzas previas a la sentencia que no cumplen con la cooficialidad lingüística.

El caso de Lleida

Uno de los casos más flagrantes es, a su juicio, el del consitorio de Lleida. El alcalde Manuel Pueyo, que lidera el gobierno tripartito nacionalista, expresó su intención de acabar con los avances hacia el respeto a la cooficialidad lingüística iniciados por el anterio ejecutivo formado por PSC y Cs. El problema principal que se encuentran desde Hablamos Español es que durante la anterior legislatura no se ejecutó una nueva ordenanza. Simplemente llegaron a un acuerdo político para que el castellano volviera a tener presencia en el espacio público, pero sin modificar la ordenanza. Este hecho ha facilitado que Pueyo pueda volver al monolingüismo sin que nadie pueda oponerse directamente.

“En Lleida había una normativa del año 2014, pero cuando PSC y Cs llegaron al gobierno no la cambiaron aunque empezaron a rotular con las dos lenguas cooficiales. Ahora que vuelve a haber un ejecutivo independentista, sin necesidad de cambiar la ordenanza, han vuelto al monolingüismo”, abunda Lago.

Campaña para que se ajusten a ley

Lago se ha puesto en contacto con el equipo municipal de Lleida para advertirles de que acudirán a los tribunales para evitar que se cercenen los derechos de los hispanohablantes con la posible eliminación de su idioma de las señales de tráfico u obligándoles a solicitar expresamente una traducción de un documento. Como dicta la resolución del Supremo en el caso de Lugo, tampoco se puede obligar a empresas que trabajan con los ayuntamientos a utilizar una lengua determinada.

La fórmula que han encontrado para denunciar todas las vulneraciones será mediante la colaboración de ciudadanos que ya están participando en la campaña que Hablamos Español ha diseñado al efecto para intentar ajustar a la legialidad por “vía indirecta” las medidas del consistorio.

Recurrir las multas

Una de las actuaciones con la que han logrando cierto éxito en Cataluña es a través de recurrir las multas de tráfico. El ciudadano sancionado puede alegar que la señalización no estaba en lengua castellana y que, en consecuencia, la administración vulneró sus derechos.

Lago asegura que “en Galicia la falta de respeto a la cooficialidad en la señalización está más normalizada que en Cataluña”, ya que también los partidos constitucionalistas en la región, PP y PSOE, se avinieron a que únicamente el el gallego fuera el idioma vehicular.

La presidenta de Hablamos Español es conciente que tienen una ingente labor por delante, ya que las ordenanzas solo se pueden recurrir de forma individualizada. Asegura que lo que pasa en Lleida “pasa en todos los ayuntamientos de comunidades bilingües a excepción del País Vasco”. Y que su batalla acaba de empezar. 

 

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