La propuesta de Sánchez para descentralizar las instituciones, por María Jesús Cañizares
Una de las lecciones del procesismo es que necesitamos más presencia del Estado en Cataluña. Por tanto, bienvenido sea el proyecto de descentralización institucional de Pedro Sánchez que, es necesario precisarlo, no implica traslados de organismos actuales. Los socialistas han aprendido del fracaso que supuso mover la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona. La idea del presidente del Gobierno es situar instituciones de nueva creación en otras comunidades autónomas. Y aunque todas las miradas están puestas en Cataluña, que desde hace años ha sonado como sede del Senado precisamente para reforzar los lazos de esta comunidad con el resto de España --vale, de acuerdo, primero se tendría que acometer la conversión de la Cámara Alta en un verdadero órgano de representación territorial--, lo cierto es que todas las CCAA están llamadas a beneficiarse de esa descentralización, inspirada en el modelo europeo, donde las instituciones de la UE se dividen entre Bruselas y Estrasburgo.
No obstante, tenemos ejemplos de que la cocapitalidad funciona, y muy bien, en muchos países, como Estados Unidos --con una capital administrativa que es Washington y una más cultural y cosmopolita, que es Nueva York, donde tienen su sede organismos internacionales como la ONU--, Australia –con Camberra como capital y Sídney-- o Italia –Roma y Milán, ciudad que asiste a un importante auge económico--. Por tanto, el eje Madrid-Barcelona debería potenciarse, sin que ello prive de inversión a otras ciudades que, por otro lado, han crecido sin demasiado intervencionismo por parte del Gobierno español, como es el caso de Málaga y su parque tecnológico. El independentismo acaba de frustrar la ampliación del aeropuerto de El Prat, como en su día la presión de otras autonomías bloqueó el corredor mediterráneo o favoreció que el AVE se inaugurara antes en Sevilla que en Barcelona. Está claro que centrifugar organismos e instituciones nunca podrá hacerse al gusto de todos. El proyecto acaba de ser anunciado y ya cuenta con opositores. Y también con precedentes recientes, como los centros tecnológicos de Renfe abiertos en Jaén, Burgos, Ciudad Real y Teruel.
La propuesta de Sánchez para descentralizar las instituciones, por Alejandro Tercero
La propuesta de Pedro Sánchez de erradicar de Madrid algunas sedes de las instituciones nacionales para combatir la despoblación de la España vaciada --así lo anunció-- suena a guasa. Trasladar el Tribunal de Cuentas a Teruel o el Tribunal Constitucional a Cádiz no parece que vaya a ayudar a que aumente el número de habitantes en esas poblaciones. En todo caso, estos movimientos sí pueden favorecer la reactivación económica de esos lugares, pero si ese es el objetivo, deberían colaborar en él las CCAA más prósperas, y no solo Madrid. Así, también se podría trasladar la Escuela Judicial de Barcelona a Cuenca. Y debería ser Badajoz la que en el futuro opte a acoger instituciones internacionales avaladas por el Estado --como se intentó con la Agencia Europea del Medicamento-- en vez de Barcelona. Puestos a remover organismos nacionales para ayudar económicamente a otras zonas del país, hágase también con las instalaciones científicas. Una buena propuesta en esa línea sería reubicar el sincrotrón Alba (actualmente en Cerdanyola) en Ciudad Real, y el superordenador Mare Nostrum (hoy en Barcelona) en Almería, ambos financiados principalmente por el Estado. Y regiones prósperas, como la Comunidad Valenciana, deberían renunciar a acoger Puertos del Estado --como reclaman-- y presionar para que esta sede se sitúe en Santander o en Santa Cruz de Tenerife.
Seamos sinceros, que la capital del país concentre las sedes de las principales instituciones nacionales es una buena forma de optimizar el funcionamiento de la Administración General del Estado. Y la propuesta de Sánchez, en realidad, solo busca dos cosas: fastidiar a Madrid --donde el PSOE apenas rasca votos y tiene pinta de que no lo hará en mucho tiempo-- y contentar a los nacionalistas y a algunos barones socialistas --concediendo alguna de esas sedes como migajas a cambio de sus apoyos--. En el caso catalán, si lo que el Gobierno pretende es que haya más presencia del Estado, esa es una estrategia errónea. Trasladar un ministerio a Barcelona no será efectivo. Sí lo serían otras fórmulas mucho más evidentes: hacer cumplir la ley de banderas en toda la comunidad (la enseña nacional debe presidir todos los edificios públicos, incluidas escuelas, entidades sociales y, por supuesto, ayuntamientos); ordenar a la Alta Inspección de Educación que se ponga las pilas para frenar el adoctrinamiento en las escuelas; o, por qué no, recuperar algunas competencias, como Educación, Sanidad, Instituciones Penitenciarias y, evidentemente, la policía autonómica (garantizo que sustituir los Mossos por la Policía Nacional implica visualizar una mucho mayor presencia del Estado en Cataluña). En cualquier caso, si Sánchez va en serio, podría empezar dando ejemplo. ¿Cómo? Fijando de forma permanente la sede federal del PSOE en Huesca, y la de la comisión de garantías del partido en Lugo. Y lo mismo podría hacer Ximo Puig, enviando las Cortes Valencianas a Morella (Castellón) y situando la sede del Govern en Torrevieja (Alicante). Cuando eso ocurra, hablamos.
