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Raül Romeva, Oriol Junqueras y Jordi Turull, exdiputados del grupo parlamentario de JxSí, muestran una urna del 1-O / EFE

La Guardia Civil investiga el posible uso de subvenciones de JxSí para pagar el 1-O

Según un informe entregado al juez Llarena, se han abierto nuevas líneas de investigación sobre la malversación de fondos públicos

3 min

Mientras el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena pide explicaciones al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la financiación del 1-O, la Guardia Civil abre nuevas vías de investigación sobre una posible malversación de fondos públicos para pagar el referéndum y los actor relacionados con éste. En el último informe que la Guardia Civil ha entregado al magistrado, aparece la sospecha de que Junts pel Sí usara subvenciones al partido para cubrir los costes del 1-O.

El Instituto Armado ha incluido un documento firmado por Jordi Turull como presidente del grupo parlamentario de la coalición de ERC y PDeCAT en la anterior legislatura. Éste detalla el pago de 17.690 euros por el contrato de cesión del espacio del Teatro Nacional de Cataluña para un acto celebrado el 4 de julio. según la Guardia Civil, este evento tenía como objetivo “difundir y alentar la participación ciudadana y el voto del en el referéndum”.

Fondos públicos

Además, tal como informa este jueves La Vanguardia, el informe indaga en otras vías de presunta malversación de fondos públicos. A pesar de la afirmación de Montoro sobre la imposibilidad de que se hubiera usado dinero público para pagar el referéndum, los agentes han encontrado unos informes relacionados con el gasto destinado a un call center para gestionar los datos del 1-O, además de a materiales informáticos para este evento.

El importe de eso habría ascendido a 40.227 euros, cifra que sube hasta los 152.578 euros al añadir las papeletas. Estos nuevas partidas encontradas aumentan el total que de dinero público que se sospecha que se destinó al 1-O: de los 1,6 millones a los 1,9 millones. Por último, el informe indica que la Generalitat podría haber usado la entidad soberanista Òmnium Cultural, presidida por el encarcelado Jordi Cuixart, como sociedad interpuesta.

Esto es que la asociación se habría usado para “realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar en el ilegal referéndum del 1-O”.

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