Carles Puigdemont, cuya estructura en Waterloo podría haberse financiado con la factura encontrada por la Guardia Civil / EUROPA PRESS

Carles Puigdemont, cuya estructura en Waterloo podría haberse financiado con la factura encontrada por la Guardia Civil / EUROPA PRESS

Política

La Guardia Civil investiga una factura que habría financiado a Puigdemont

El responsable de la estructura digital del expresidente en Waterloo es el autor del documento que sirvió para desviar fondos públicos, según la investigación

16 diciembre, 2020 09:04

La Guardia Civil ha encontrado una factura con la que sospecha que se enviaron fondos públicos a Bélgica para financiar la estructura del expresidente Carles Puigdemont. El informe policial considera que dicha factura “es falsa” y que fue girada a la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes por el informático Jaume Cabaní.

Las pesquisas apuntan a Cabaní como el responsable digital de la red de apoyo a Puigdemont. El informático tiene expedida una euroorden por su presunto papel relevante en la conversión de dinero malversado en criptomonedas para eludir el control del Estado.

10.000 euros

Según los informes del instituto armado, la factura asciende a 10.594 euros y tiene fecha de finales de 2017. Se emitió en concepto de mantenimiento de cinco ordenadores, un terminal fijo, la red interna y un servidor de la Plataforma ProSeleccions.

Así lo explicaron los trabajadores de la organización al declarar ante el juez como testigos. Los empleados revelaron que los terminales descritos por la factura eran antiguos y no tenían contratado ningún servicio de mantenimiento.

Desvío de fondos

El informe ha sido enviado al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que investiga el presunto desvío de dinero público para financiar el proceso independentista y la manutención de Puigdemont y su órbita en Waterloo. El pasado 28 de noviembre, la Guardia Civil detuvo a una veintena de personas, entre ellas los expolíticos David Madí y Xavier Vendrell.

Los presuntos delitos investigados son de corrupción y desórdenes públicos, en una investigación que se derivó de unas diligencias por el presunto envío de fondos de la Diputación de Barcelona. El informático Cabaní centró la atención del proceso policial y judicial por una conversación de David Madí que lo situaba como colaborador en las maniobras relacionadas con las criptomonedas.