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Adam Majó, director de la Oficina de Derechos Civiles de la Generalitat de Cataluña / CG

Un 'chiringuito' del Govern critica las detenciones y arropa a Tsunami Democràtic

La Oficina de Derechos Civiles, cuyo director cobra 90.000 euros anuales, cree que disturbios como los de El Prat o La Jonquera fueron "legítimas protestas"

3 min

Un chiringuito del Gobierno catalán ha justificado hoy miércoles, 28 de octubre, las detenciones de empresarios vinculados a supuesta corrupción y a la organización de Tsunami Democràtic. La Oficina de Derechos Civiles y Políticos ha criticado los arrestos y ha asegurado que las algaradas organizadas por la plataforma anónima en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat o el paso fronterizo de La Jonquera en 2019 fueron "legítimas protestas".

Lo ha asegurado la Oficina, que comanda Adam Majó, con un sueldo cercano a los 90.000 euros al año, en un tuit en su cuenta oficial. "Los precedentes nos obligan a ponder en duda las investigaciones realizadas por la Guardia Civil contra la disidencia política", ha señalado el ente público.

Bloqueo de El Prat y La Jonquera, "legítimas protestas"

A renglón seguido, el organismo, cuyos informes sobre derechos fundamentales presentan un sesgo favorable al independentismo, ha subrayado que "es preciso recordar que las movilizaciones convocadas por Tsunami Democràtic se inscriben en el legítimo derecho a la protesta".

La opinión de la Oficina arropa, de nuevo, al independentismo radical. No en vano, el intento de bloqueo de El Prat acabó con graves disturbios, más de 100 vuelos cancelados y un fallecido a causa de una parada cardiorespiratoria en las inmediaciones de la protesta: en la Terminal T2. En La Jonquera, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) cifró en 100 millones de euros el daño económico provocado por el corte de tráfico, que duró 32 horas.

Operación amplia

Cabe recordar que la operación policial llevada a cabo por la Guardia Civil hoy miércoles, 28 de octubre, se deriva de una pieza desgajada de una investigación sobre presunto desvío de dinero de la Diputación de Barcelona al entorno de Carles Puigdemont, expresidente catalán huido. La ha tutelado el juzgado de Instrucción número 1 de la Ciudad Condal.

Los funcionarios han arrestado a empresarios ilustres del secesionismo como David Madí y Oriol Soler o el exdirigente de ERC Xavier Vendrell. Asimismo, han realizado diversas registros y entradas en casas y naves industriales de activistas y directivos independentistas.