Cs denuncia otro rescate de la empresa-núcleo del 'caso Pretoria'

La empresa municipal que fue el epicentro del caso Pretoria de corrupción ha recibido otra inyección de dinero. Así lo ha denunciado Ciudadanos, quien ha alertado de que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha aportado otros 600.000 euros para rescatar Gramepark, la sociedad pública de promoción de estacionamientos y vivienda social.

Según el partido naranja, el Ejecutivo local de Santa Coloma ha provisionado la cantidad de dinero para enjugar el déficit de explotación de la mercantil pública. Salvador Tobar, portavoz adjunto de la formación en el consistorio, ha subrayado que "el PSC no sabe encontrar una solución definitiva al problema de Gramepark”. Bajo su punto de vista, la empresa pública "es el pozo sin fondo de la economia" municipal.

Cuatro millones de euros en 2019

La inyección de dinero en la cuenta de resultados de Gramepark no es flor de un día. Según Tobar, las transferencias a la compañía municipal "superarán los cuatro millones de euros en 2019". Esta cifra es mayor con el conteo de los últimos dos años, cuando los fondos aportados a la sociedad de gestión de aparcamientos --un total de 23 en la localidad vecina a Barcelona-- alcanzan los diez millones de euros.

"El gobierno del PSC ha destinado más de diez millones de euros a Gramepark y no se ha construido ni un metro cuadrado de vivienda pública", ha precisado el concejal. Según él, los vecinos de Santa Coloma, con sus impuestos, "siguen pagando la fiesta del Pretoria", en referencia al caso de corrupción en el que acabaron condenados hombres fuertes de la antigua CiU como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta o el propio exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz.

Comisiones a cambio de operaciones

La Audiencia Nacional consideró probado en 2018 que los condenados participaron en operaciones urbanísticas de las que cobraron comisiones ilícitas. Ocurrió entre 2002 y 2009 en localidades de la conurbación de Barcelona como Badalona, Santa Coloma o Sant Andreu de Llavaneres. En estos municipios, los acusados, en lugar de defender el interés público, favorecieron inversores particulares o promotores.

En el centro de la trama se encontraba Luis Andrés García Sáez, Luigi, exdiputado del PSC. Este exelecto fue el que recibió la pena más alta, de siete años, un mes y 27 días de cárcel. Según el juez, Luigi fue el ideológo de la estructura, que consiguieron desarticular hasta tres operaciones policiales.