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Vivienda pública propiedad del Govern / GENCAT

El Govern tramitará el decreto de vivienda declarado inconstitucional

La portavoz de la Generalitat defiende que la medida sobre viviendas ocupadas que reprueba el Consejo de Garantías pretende "facilitar el alquiler social a familias vulnerables"

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La Generalitat seguirá adelante con el decreto de vivienda a pesar de que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) considere inconstitucionales algunos de sus puntos. Meritxell Budó ha comunicado que el Consell Executiu ha "valorado el dictamen de la comisión" sobre el texto y que, aunque se posicione en contra de éste, ha decidido "que el Parlament continúe su tramitación". 

La portavoz del Govern ha defendido una de las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que ha reprobado el Consejo de Garantías: aquella que define como "vivienda vacía" la que está ocupada ilegalmente. Budó ha asegurado que el objetivo de esta medida es "facilitar el alquiler social a familias vulnerables". 

Alquiler social a 'okupas'

El decreto ley obliga a los grandes propietarios de fincas --bancos y fondos-- a ofrecer un alquiler social a las familias a las que se les acabe el contrato y que acrediten una situación de vulnerabilidad, así como también a aquellas que se encuentren inmersas en un proceso de desahucio o lleven más de seis meses ocupando una vivienda. Aquellas que no cumplan con esta oferta se enfrentarán a sanciones y multas.

El CGE tilda esta medida como "irracional" y "arbitraria" y destaca que dichas multas podrían considerarse "una restricción o un freno" a la "libre decisión de interponer la pertinente demanda" para recuperar la casa ilegalmente perdida "con la consiguiente vulneración del artículo 24 de la Constitución".