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El Govern solo tiene un 2% de parque público tras 30 años de gestionar vivienda

El consejero de Territorio, que vendió parcelas públicas para financiar el Ejecutivo al frente del Incasòl, culpa al Estado de la burbuja y anuncia una “LAU catalana” sin competencias

Damià Calvet ante una promoción vivienda de protección oficial en Barcelona / CG
13.06.2018 00:00 h.
6 min

La gestión de la vivienda ha estado en manos de CDC durante 31 años. Las competencias en materia de urbanismo y vivienda están transferidas desde el primer día. Sin embargo, el parque público en Cataluña no alcanza el 2%, muy por debajo de la media europea, un 15%.

El nuevo consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, considera que el principal problema es la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada en 2013 y que redujo de cinco a tres años la duración mínima de los contratos de alquiler, lo que favorece la movilidad y el aumento de los precios. Una tesis compartida por al alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, muy criticada por sus incumplimientos en materia de vivienda. De la errática gestión de la dirigente podemita dan fe los siguientes datos: 36.577 unidades de convivencia (familias) se inscribieron en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial el año pasado (71.924 personas). La cifra supone un aumento del 19,39% respecto a 2016, año en que se registraron 30.637 solicitantes. Esta cantidad fue muy superior a los 28.238 de 2015.

Conflicto de competencias

Damià Calvet ha anunciado que impulsará una “LAU catalana”, aunque es consciente de que eso puede generar un conflicto de competencias con el Estado. “Lo tenemos de forma permanente”, dice. Reformar la LAU española pasaría por una iniciativa en el Congreso.

Cataluña se encuentra en el vagón de cola de las autonomías españolas en cuanto a la inversión en acceso a la vivienda y fomento de la edificación. El año pasado la Generalitat solo dedicó el 0,63% de su presupuesto a este concepto. Es decir, 193 millones de euros, la mitad de lo invertido diez años antes. Junto a Cataluña, los últimos de la fila son Castilla-La Mancha (0,56%), Castilla y León (0,56%), Comunidad Valenciana (0,51%) y Baleares (0,43%). La Comunidad de Madrid dedicó 411 millones en 2017, es decir, el 2,01% de sus presupuestos.

En total, la inversión total en vivienda en la comunidad catalana ha pasado de los 800 millones de euros de 2009 a los 400 millones de euros de los últimos presupuestos de 2017 –actualmente prorrogados—.

Venta de suelo residencial

Se da la circunstancia de que Damià Calvet, que ha trabajado en el sector inmobiliario, ha sido director del Institut Català del Sòl (Incasòl), empresa pública dedicada a la gestión del patrimonio público de suelo y vivienda, desde 2013 –durante el mandato de Artur Mas-- hasta su nombramiento como consejero de Territorio. Desde entonces, el Incasòl ha vendido parcelas públicas en lugar de mantener la titularidad pública y destinarlas a la promoción de vivienda en régimen de alquiler asequible o de cesión de uso.

Así, durante los años 2014 y 2015, el Govern vendió suelo residencial por un valor total de 23 millones de euros. La última operación de este tipo tuvo lugar hace un año, cuando el Incasòl vendió al grupo La Llave de Oro una parcela en Can Sant Joan, en Rubí (Barcelona) con la finalidad de construir una promoción de 38 viviendas.

La crisis

El Govern no esconde que, durante esos años, la crisis económica obligó a enajenar bienes públicos. Y precisa que parte de la venta de esas parcelas se destinó a vivienda pública. Sin embargo, el diputado de Ciudadanos Sergio Sanz advierte de que se han dado casos de venta de vivienda protegida con precios muy elevados, como es el caso de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde se alcanzaron los 250.000 euros.

De ahí que la formación naranja presentara en julio de 2017 una propuesta de resolución sobre el mantenimiento de la titularidad pública de los terrenos del Incasòl, que incluía la obligatoriedad de que solo pudieran tener como destino la promoción de vivienda en régimen de alquiler asequible o de cesión de uso. Los votos de PP y de Junts pel Sí (CDC y ERC) impidieron que la iniciativa prosperara. Pero Cs ha vuelto a presentarla en el Parlament, lo que abundará en las contradicciones ideológicas entre los neoconvergentes y ERC.

Polémica gestión

La gestión convergente de la vivienda ha dado para muchas polémicas a lo largo de 30 años. El propio Calvet fue investigado por la Fiscalía por autorizar una operación urbanística que ayudó al Club Joventut de Badalona a saldar sus deudas con Hacienda con la venta de unos terrenos a Mercadona. Sin embargo, el ministerio público archivó las diligencias.

Pero el caso más sonoro de irregularidades tuvo como escenario Adigsa, empresa dependiente de la Generalitat que gestiona la vivienda pública catalana que estuvo implicada en el llamado caso 3%, relativo al pago de comisiones por adjudicación de obra pública. En esta causa judicial estuvo imputado el exdiputado Ferran Falcó (PDeCAT), pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le exculpó. Falcó ha sido restituido como secretario general de Territorio de la Generalitat.

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