El Gobierno catalán ha encontrado un pequeño oasis en el desierto diplomático del procés. Se trata de Suiza, donde varios partidos políticos se han ofrecido como mediadores en el conflicto entre la Generalitat y el Estado. Los responsables de Exteriores del Ejecutivo autonómico están decididos a crear un lobby en un país que acoge los principales organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos. La designación de un embajador en Ginebra y el pago de 100.000 euros a un organismo de la ONU van en este sentido.
El 29 de noviembre de 2016, la Generalitat y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) firmaron un convenio, al que ha tenido acceso Crónica Global, según el cual el Gobierno catalán se comprometía a realizar una aportación de 100.000 euros con cargo a la partida presupuestaria del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, cuyo titular es Raül Romeva.
Esta cantidad se desglosa de la siguiente manera: 52.973 euros para el “Consejo de Derechos Humanos y sus Procedimientos Especiales” y 47.027 euros para el proyecto “Capacitación sobre migración y derechos humanos”.
El convenio fue firmado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el alto comisionado para las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein.
El nuevo embajador en Ginebra
La OACNUDH es la entidad responsable de promover y proteger el cumplimiento de los derechos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, así como la Declaración universal de los Derechos Humanos, la Convención de Viena de 1993, así como otras leyes y tratados internacionales de los derechos humanos.
Se da la circunstancia de que, un mes antes de que se firmara ese convenio, el entonces director general de asuntos multilaterales y europeos de la Generalitat, Manuel Manonelles, envió una carta a Zeid Ra’ad Al Hussein en la que denunciaba la “persecución” judicial de los cargos electos catalanes tras la declaración sobre el arranque del proceso independentista aprobado en el Parlamento catalán el 9 de noviembre de 2015.
En el texto también se alertaba de la "naturaleza antidemocrática" de las instituciones judiciales españolas y se denunciaba el deseo del Gobierno de "manipulación política de los órganos judiciales" para impedir que los cargos electos catalanes lleven a cabo el "mandato electoral" de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. La carta también fue enviada al comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks.
Manonelles es, desde el pasado 4 de abril, embajador de la Generalitat en Ginebra.
Mediador en el proceso
Todos estos movimientos forman parte de un plan del Gobierno catalán consistente en crear un lobby en Suiza, país que además de albergar importantes organismos internacionales dedicados a proteger los derechos humanos, se ha ofrecido como mediador en el proceso secesionista catalán.
En vísperas de que se firmara ese convenio, diputados de cinco partidos con representación en el Parlamento federal suizo presentaron una interpelación en esta cámara con el siguiente contenido: “Teniendo en cuenta la neutralidad y la tradición democrática de Suiza, ¿el Consejo Federal está preparado para hacer de mediador entre Madrid y Barcelona?”.
El texto añadía que el pueblo catalán "ha expresado de forma reiterada la voluntad de decidir su futuro político” y que el Gobierno de la Generalitat ha intentado cumplir el “mandato democrático” para permitir a los catalanes votar “dentro de un marco legal”. Sin embargo, afirman los grupos suizos, los vetos sucesivos de España “han cerrado las vías legales a disposición de Cataluña”.
Estos partidos han creado un grupo de amistad Cataluña-Suiza y sus representantes visitaron recientemente el Parlamento catalán y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Se trata de Viola Ahmerd y Yannick Buttet, del Partido Demócrata-cristiano; Lisa Mazzone, del Partido Ecologista, y Mathias Reynard, del Partido socialista.
