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Trabajo, Asuntos Sociales y Familias: El caos de los autónomos

El Govern reclamará las competencias para gestionar el ingreso mínimo vital

El 'conseller' Chakir El Homrani considera que el Gobierno no tiene poder para tramitarlo y prepara un recurso de inconstitucionalidad

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El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, presentará un recurso de inconstitucionalidad para que el Govern pueda gestionar el ingreso mínimo vital (IMV) al considerar que "las competencias de prestaciones no contributivas son de la Generalitat" y no del Gobierno.

El Homrani ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no tiene voluntad de negociar" y coordinarse con la Generalitat, y ha sostenido que se necesita una ventanilla única para pedir el IMV y la renta garantizada de ciudadanía (RCG), la prestación gestionada por el Govern.

Quieren evitar el caos de los ERTE

Tal y como ha afirmado el conseller en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, El Homrani tiene intención de presentar el recurso de inconstitucionalidad para que no pase lo mismo que con el pago de los ERTE, y ha asegurado que su departamento ha hecho "dos declaraciones pidiendo el traspaso" de la gestión del IMV.

"Nosotros nos hemos ofrecido a hablar con la gente, a dar ayudas. Pero el Gobierno nos ha respondido siempre que estuviéramos tranquilos, que ya estaba solucionado. Y es mentira, todos tenemos un familiar o conocido que no ha cobrado. Y todo porque no quieren reconocer que la gestión ha sido un fracaso", ha calificado El Homrani.

El IMV se combinará con la RCG

El Homrani ha afirmado que el IMV es una buena noticia y que pensar que llegará a 300.000 personas en Cataluña es "una mirada optimista", pero ha defendido que si se trabaja de manera alineada con la RGC se puede crecer en capacidad de cobertura.

El conseller también ha explicado que con el IMV "se ahorrará una parte" de la RGC, que se utilizará para cubrir a las personas que queden fuera del IMV. También ha dicho que están estudiando si atribuirá por aspectos vinculados a la vivienda, como en el País Vasco, o para personas en situación de precariedad laboral.