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La portavoz del Govern, Meritxell Budó, mientras anuncia que la Generalitat denunciará a Sánchez por la financiación / EUROPA PRESS

El Govern rechaza los argumentos de Sánchez y le denunciará por la financiación

La Generalitat defiende que el Ejecutivo central está "obligado a hacer las transferencias", que ascienden a 1.317 millones de euros

27.08.2019 13:32 h.
3 min

La Generalitat sigue empeñada en enfrentarse al gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Por eso, el Govern ha acordado "iniciar las acciones legales por el impago de los recursos del sistema de financiación que el ministerio de hacienda tenía que transferir" como paso previo a un contencioso-administrativo. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, que asegura que su homólogo central está "vulnerando la ley".

La consejera explica que el "gobierno central está obligado a hacer las transferencias", que ascienden a 1.317 millones de euros pendientes. El Ejecutivo de Quim Torra defiende que aunque los presupuestos de Sánchez quedaron rechazados, el anteproyecto sí que se aprobó. Eso justificaría que los pagos pudieran hacerse efectivos. 

Comunidades 'rebeldes'

El Govern ya había amenazado con la presentación de este recurso contencioso-administrativo en los tribunales para reclamar los anticipos correspondientes al 2019. El vicepresidente y consejero de economía de la Generalitat, Pere Aragonès, llamó en su comparecencia en el Parlament para explicar los recortes del 6% a liderar una revolución de comunidades autónomas para exigir los pagos, algo que muchos gobiernos del PSOE criticaron. 

La consejera Meritxell Budó se ha hecho eco de la voluntad de Castilla y León y Galicia –ambas gobernadas por el PP– de iniciar acciones legales contra el ejecutivo de Sánchez por el mismo motivo. Eso sí, la portavoz del Ejecutivo catalán ha rechazado que haya ninguna coordinación, simplemente "les consta". 

Recortes y sin presupuesto

Pere Aragonès ordenó a todas las consejerías y empresas públicas de la Generalitat que ajustasen sus cuentas con recortes del 6% para cumplir con el objetivo de déficit marcado por el gobierno central, que se sitúa en el 0,1%. Esta medida fue aprobada en el Consejo Ejecutivo del 1 de agosto, algo inusual consecuencia de la frágil situación financiera, puesto que el cierre de gasto se suele producir en noviembre. 

Cataluña tiene sus presupuestos prorrogados desde 2017, y todavía no ha conseguido el respaldo suficiente para poder tirar adelante los del ejercicio siguiente. El PSC se cerró en banda a negociar las cuentas catalanas tras la subida de tono de Quim Torra en la Universitat Catalana d'Estiu, en la que volvió a poner la unilateralidad y la "ruptura democrática" como única salida del independentismo tras la sentencia. 

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