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Puigdemont exigirá a Rajoy, a la UE y a la ONU una "negociación" si el 21D gana el independentismo

El 'Govern' quería un Ministerio de Defensa y controlar las nucleares

Carles Puigdemont y el Ejecutivo autonómico despuesto planeaban responder al 155 con 'impuestos extra' a las empresas

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El anterior Gobierno catalán quería un Ministerio de Defensa propio y controlar las centrales nucleares y los aeropuertos situados en Cataluña.

Carles Puigdemont y el Ejecutivo autonómico depuesto, además, preveían responder a la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el corte de pagos al Gobierno e impuestos extra a las empresas para asegurar liquidez.

Según se desprende de la documentación incautada por la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre en el despacho del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, la Generalitat tenía planes para crear 14 estructuras de Estado y no plegarse a la intervención autonómica.

Ministerio de Defensa

Según los documentos, que fueron entregados al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la causa por sedición, el Govern quería montar una Hacienda catalana, una Agencia de Protección Social, un poder judicial propio, un Ministerio del Interior, política monetaria separada, que incluía un Banco Central, y un supervisor del sistema financiero.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ansiaba su propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

También se citan organismos exigidos por la Unión Europea, control de transporte aéreo, marítimo, ferroviario y carretera, red de distribución de aguas y energía y telecomunicaciones, correos y servicios de emergencia.

Por último, y escrito entre interrogantes, el número dos de Oriol Junqueras tenía esbozada la creación de un Ministerio de Defensa catalán.

'Resistencia' al 155

Además de las llamadas estructuras de Estado, el Gobierno catalán tenía su propio plan --que no implementó-- para resistirse a la intervención de la Generalitat mediante el artículo 155 de la Constitución.

En ese escenario, el Ejecutivo autonómico destituido hubiera activado un plan de control de gasto, atrasado pagos a proveedores, explorado impuestos especiales a las empresas, emitido bonos patrióticos y cesado los pagos a la administración central.

Un primer pago de la supuesta república catalana independiente, rezan los documentos, ascendería a 4.500 millones de euros.

Control del territorio

Por lo que respecta al éxito de su plan, el Govern depuesto admitía que la independencia dependería "de la capacidad real de ejercer un control efectivo sobre el territorio de Cataluña".

Ello estaría sometido, en gran medida, a "los comportamientos de los ciudadanos y las instituciones".

Con todo, desde la consejería de Junqueras se veía básico controlar las "infraestructuras críticas" como el aeropuerto de El Prat de Barcelona, los puertos de Barcelona y Tarragona, las centrales nucleares o las aduanas.