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Un menor en una guardería de Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El Govern mercadea con la financiación de las guarderías

El Departamento de Educación intenta convencer a los ayuntamientos de que renuncien a la ejecución de las sentencias que condenan a la Generalitat a pagar su deuda con las 'escoles bressol'

5 min

La Generalitat intenta convencer a los ayuntamientos catalanes de que renuncien a la ejecución de las sentencias judiciales que reconocen la obligación del Govern de cofinanciar las plazas de guardería. El Departamento de Educación dejó de pagar su parte proporcional, lo que obligó a los consistorios a asumir ese coste. Este año, el Ejecutivo autonómico ha intentado recuperar esa financiación por la puerta de atrás, es decir, mediante una disposición adicional en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2020 que crea inseguridad económica y jurídica --un cambio de gobierno podría dar al traste con esas previsiones-- además de contemplar partidas insuficientes.

Hay que remontarse a 2010, cuando el gobierno de José Montilla firmó un acuerdo marco con las entidades municipalistas para garantizar la financiación de las llamadas escoles bressol. Este sistema contemplaba el reparto del coste de la plaza, establecido en una media de 5.400 euros, en tres partes cofinanciadas por la Generalitat, los ayuntamientos y las familias. Es decir, que el Govern se comprometía a asumir un módulo de 1.800 euros por plaza y año. Gracias a ese acuerdo, se crearon 40.000 nuevas plazas públicas de 0 a 3 años.

Evolución del gasto de la Generalitat en guarderías / CG
Evolución del gasto de la Generalitat en guarderías / CG

Sin embargo, el gobierno de Artur Mas, en el marco de su recorte del gasto social, comenzó a reducir su aportación hasta que, en 2015, dejó de abonar su parte a esta etapa educativa, que es competencia exclusiva de la Generalitat. Pese a ello, las diputaciones asumieron una parte destacada de los costes.

En 2015, 36 municipios catalanes presentaron un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para reclamar el cumplimiento de los acuerdos y el pago de la deuda. Dos años después, el TSJC dio la razón a los consistorios al reconocer que el Govern tiene la obligación de aportar fondos para la educación de 0 a 3 años. Por poner un ejemplo, el tribunal condenó a la Administración autonómica a pagar dos millones de euros al Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona) por esos atrasos.

guarderias presupuesto
 

Este año, el Govern ha propuesto recuperar una partida para la financiación a través de la Ley 5/2020 de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, conocida como la ley de acompañamiento de los presupuestos. Lo ha hecho por la puerta de atrás, es decir, mediante una disposición adicional y de forma insuficiente, pues asume solo 1.300 euros por plaza y año, lo que supone una reducción del 11% del coste de la plaza, diez años después del acuerdo, y no permite recuperar la corresponsabilidad acordada con los ayuntamientos en su día, basada en la asunción de un tercio del coste de la plaza.

La ley, pactada con los comunes, contempla la devolución total de la deuda de aquí al curso 2028-29, cuando la Generalitat asumiría el pago de 1.600 euros por plaza, que de nuevo queda por debajo de los 1.800 euros acordados.

Inseguridad

Asimismo, la financiación del coste de las plazas de las guarderías de todos los municipios de Cataluña desde el curso 2012-13 hasta el curso 2018-19 –tanto los que reclamaron judicialmente como los que no-- se establece en 425 euros por cada inscripción, que supone un total de 2.975 euros por plaza para el total los siete años del período indicado.

Sin embargo, según ha podido saber Crónica Global, la Generalitat ha intentado convencer a varios ayuntamientos de que no ejecuten las sentencias judiciales tras la recuperación de esas partidas por parte del Ejecutivo catalán. Con todo, el sistema que pretende aplicar el Departamento de Educación comporta una notable inseguridad jurídica y económica, ya que se trata de compromisos que pueden quedar anulados tras un cambio de gobierno.