Los servicios jurídicos de la Generalitat utilizan informes de Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural para exigir a los tribunales que rechacen la pretensión de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano. En las alegaciones presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a las que ha tenido acceso Crónica Global, el Govern culpa del retroceso del catalán a las sentencias judiciales que, admite, reconocen el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, así como a la inmigración.
Así, la Generalitat se aferra a estudios de la autodenominada ONG del catalán, conocida por instar a los ciudadanos a delatar a quien se expresa en castellano en comercios y servicios públicos, y por espiar la lengua que utilizan los niños en el patio. Al igual que Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural es una entidad muy subvencionada por el Ejecutivo catalán que ha jugado un papel fundamental en el activismo independentista durante el procés.
Seis proyectos lingüísticos anulados
Hasta ahora, la Justicia ha anulado seis proyectos lingüísticos de otras tantas escuelas catalanas por hacer caso omiso de las sentencias que obligan a impartir un 25% de horas lectivas en castellano. En sus recursos, tal como publicó este medio, utiliza una argucia judicial consistente en negar la legitimidad de las familias para cambiar el proyecto lingüístico de todo un centro escolar, pero sin entrar en el fondo. Es decir, que no cuestiona que el castellano también deba ser lengua vehicular. Dicho de otra manera, la consejería de Educación niega la potestad de los padres, no solo a elegir el modelo educativo, sino a defender sus derechos.
El TSJC resolverá en breve otro recurso, el presentado por la familia de un alumno de la Escola Vinya del Sastret (Sant Esteve Sesrovires). En su escrito de respuesta, el Govern se refiere al Informe sobre la situación de la lengua catalana elaborado por la Xarxa Cruscat del Institut d’Estudis Catalans, tanto el correspondiente a 2014 como a 2015. Ambos documentos están supervisados por Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua.
"Aumenta el grueso de las sentencias"
“Cada vez va aumentando el grueso de sentencias del Tribunal Supremo (TS) y el TSJC que avala la vehicularidad de la lengua castellana. Las resoluciones en cuestión se amparan en una interpretación restrictiva de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. De este modo, se reconoce el derecho de los padres recurrentes a que sus hijos reciban la enseñanza en castellano con sus compañeros en el aula. El cuestionamiento de la atención individualizada, procedimiento previsto por la Ley de Educación catalana (LEC), implica una afectación colectiva que ha suscitado protestas masivas en el sector educativo”, apunta el Govern.
“Asimismo --añaden-- el TS ha avalado el criterio según el cual el sistema educativo catalán debe proporcionar un 25% de clases en castellano dictaminado por el TSJC como medida cautelar. La reacción jurídica de la Generalitat ha sido firme, agotando los recursos que el procedimiento judicial pone al alcance en la defensa de la LEC y autonomía de los centros para elaborar y aplicar su programa lingüístico”.
Encuestas
La Generalitat considera que “las encuestas han visualizado los efectos sociolingüísticos de la llegada de grandes flujos de población. La nueva realidad demolingüística ha tenido un impacto distinto en función de la situación sociolingüística del territorio de recepción. En el mejor de los casos ha debilitado la capacidad de atracción que mostraba la lengua catalana y en todas partes ha minorado su centralidad. Dicho esto, es razonable pensar que la parada de los flujos migratorios y la pérdida de población propiciada por la recesión económica deberían impulsar una mejora donde se den las condiciones adecuadas para que se sustancie. La estabilización de la nueva población y su incorporación en espacios de integración bien definidos por políticas lingüísticas solventes nos abren un horizonte de esperanza”.
“También será importante --añaden-- controlar el impacto sociolingüístico que está ocasionando otra tendencia demográfica nada favorable a la lengua catalana. Nos referimos a el retroceso cuantitativo de las nuevas generaciones de autóctonos (catalanohablantes y castellanohablantes), unas generaciones numéricamente más débiles que las de autóctonos de mayor edad a los que reemplazan. En Cataluña, el territorio mejor estudiado, los efectos se están haciendo sentir en indicadores tan importantes como la ralentización de la mejora en la transmisión familiar y la identificación lingüística. Además, el hecho de que generaciones jóvenes de autóctonos muestren un comportamiento más deficitario en el uso del catalán que las de mayor edad, a pesar de acreditar las mejores habilidades competenciales, contribuye a incrementar un desequilibrio hacia la lengua castellana que ahora percibimos como una cuestión altamente preocupante”.
Por ello, los abogados de la Generalitat concluyen en sus alegaciones que “el goteo constante de sentencias y resoluciones desfavorables a la lengua catalana, especialmente en el ámbito de la enseñanza", así como "la reducción de personas que tienen el catalán como primera lengua, y la dificultad para atraer nuevos hablantes”, hacen necesario mantener el actual modelo de inmersión o, según sostiene el consejero de Educación, Josep González-Cambray, intensificarlo.
