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El consejero catalán de Empresa, Jordi Baiget, en la presentación del proyecto de ley de comercio, que incluye la regulación de los horarios comerciales / RUBÉN MORENO

Otro enredo del Govern: los horarios comerciales

La nueva ley de Comercio, bloqueada debido al rechazo de PSC, CSQP, CUP y los sindicatos, choca con el proyecto de reforma horaria de la propia Generalitat

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El Govern tiene otro frente abierto: los horarios comerciales. La nueva ley de comercio que tramita el Parlamento catalán contempla una ampliación de horarios que rechazan los grupos de la izquierda y los sindicatos. Pero es que, además, las previsiones de esa normativa choca con unos de los proyectos estrella del propio Ejecutivo catalán, la reforma horaria. Las dificultades para llegar a un acuerdo mantienen bloqueada esa ley.

El proyecto de ley de Comercio, Servicios y Ferias fue aprobado por el Govern el pasado 3 de enero con la finalidad, según el consejero de Empresa, Jordi Baiget, con la finalidad de dar respuestas a la nuevas necesidades del sector y consolidar el llamado “modelo de comercio catalán”. Esta normativa regula, entre otros aspectos, los horarios comerciales.

Establece como norma general la apertura de 75 horas semanales, de lunes a sábado (la anterior, preveía 72 horas por semana) y cierre a las 22 horas. Como excepción al régimen general, para los municipios de menos de 5.000 habitantes se contempla libertad de horarios para los establecimientos de menos de 150 metros cuadrados de superficie, que no pertenezcan a grandes cadenas de distribución, sea cual sea la actividad comercial.

Pequeños comerciantes y grandes superficies

Sin embargo, las formaciones de la izquierda, PSC, CSQP y CUP, discrepan de esta ampliación de horario, que también rechazan los pequeños comerciantes, y quieren volver a las 72 horas de la anterior ley. Es decir, situar el cierre entre las 20.30 horas y las 21 horas. Este modelo encaja más con el proyecto de reforma horaria que impulsa también el Gobierno catalán y cuya finalidad es poder comer a las 13 horas y cenar a las 21 horas.

Por su parte, el PP defiende el horario que establece la ley española --es decir, 90 horas--, mientras que Ciudadanos quieren escuchar a los expertos que deben comparecer en la comisión de empresa. Las grandes superficies presionan para liberalizar los horarios.

Durante la tramitación de esta ley, los sindicatos CCOO y UGT también han presentado sus alegaciones. Ha defendido las 72 horas semanales y avanzar la hora de cierre como mínimo a las 21 horas. “Llevamos dos años hablando de la necesidad y conveniencia de modificar los horarios de nuestra sociedad, acercándolos a los utilizados en los países europeos en los que a menudo nos miramos”, dicen los sindicatos, por lo que “no es aceptable” que el proyecto “vuelva a establecer horarios comerciales no homologables”.

Una filosofía que comparten los impulsores de la reforma horaria, cuyos trabajos ya están prácticamente concluidos con la vista puesta en el horizonte de 2025. Por ello, una de las soluciones, algo salomónica, pasaría por fijar las 21 horas como horario de cierre en invierno y las 22 horas, en verano.