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Varios mossos d'esquadra, frente a estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) / KIKE RINCÓN (EP)

El Govern escenifica el ‘sacrificio’ de los Mossos ante la CUP

Independentistas y comunes revisarán hoy el modelo policial como un problema de derechos humanos; el PSC-Units se desmarca tras el carpetazo de Interior a causas contra activistas

12 min

ERC, Junts per Catalunya (JxCat), ERC y En Comú Podem convertirán la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial que se celebra en el Parlament en un debate sobre derechos humanos. En su plan de trabajo, estas formaciones piden la comparecencia de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, de Amnistía Internacional y del Centro de Defensa de Derechos Humanos Irídia. Por su parte, PSC-Units se niega a pactar con los promotores de la comisión y pone el foco en quienes sufren el activismo radical, por lo que quieren dar voz a sectores de la restauración, turismo, hoteles y ocio nocturno, entre otros.

La comisión, fruto de los acuerdos de investidura entre Pere Aragonès y los antisistema --que presiden este órgano parlamentario--, se celebra un día después de que los socialistas destaparan que la Consejería de Interior ha dejado de tramitar casi 1.000 actas levantadas por los Mossos en altercados, y de que el Govern retirara la acusación contra radicales acusados de agredir a agentes de ese cuerpo policial. El orden del día prevé debatir los planes de trabajo presentados por los grupos.

Documentación sensible

El plan consensuado por los independentistas y los comunes contempla una revisión profunda del modelo policial, que pasaría por revisar la transparencia en la información interna y externa del Departamento de Interior y cuerpos policiales, tanto en el ámbito de las actuaciones concretas realizadas, como por lo que respecta a los "protocolos, circulares y órdenes de actuación generales”.

También quieren revisar el “mecanismo de control e investigación policial interno y estudiar la creación de un mecanismo público e independiente de control, evaluación e investigación de las actuaciones policiales”. La externalización de ese control, anunciada por el consejero de Interior colmó la paciencia de los agentes de la policía autonómica, hartos de estar permanentemente bajo sospecha.

Un joven ante una barricada durante las protestas postsentencia en Barcelona / EFE
Un joven ante una barricada durante las protestas contra la sentencia del 'procés' en Barcelona / EFE

El Govern, así como sus socios en esta transformación del sistema policial, proponen las comparecencias de expertos internacionales, como Bachelet, representantes de Amnistía Internacional y del Centro de Defensa de Derechos Humanos Irídia. También solicitan abundante documentación que incluye protocolos, órdenes y circulares internas sobre el funcionamiento policial, especialmente las que afectan a actuaciones en el ámbito de movilizaciones y activismo político. Es decir, material altamente sensible.

Reforma de la asistencia jurídica

La Comisión es fruto de los acuerdos de ERC y la CUP, que también incluyen une reforma de profundo calado en lo que respecta a la defensa jurídica de los Mossos cuando son agredidos en manifestaciones activistas. Los agentes ya no están representados por abogados del Departamento de Interior, pues ese papel es ejercido ahora directamente por el gabinete jurídico que depende de la Consejería de Presidencia. Ayer, la Generalitat se retiró como acusación particular de la causa que se juzgaba en la Audiencia de Barcelona contra siete manifestantes acusados de desórdenes públicos, atentado y lesiones a agentes de los Mossos d’Esquadra durante las protestas de 30 de enero de 2018 en el parque de la Ciutadella por la fallida investidura de Carles Puigdemont.

Filtrar las causas en las que el Govern ejerce acusación forma parte de los acuerdos entre ERC y los cupaires. De hecho, el Govern ha anunciado, como publicó este medio, que había cambiado de criterio respecto a un militante de la CUP. Se trata de Marcel Vivet, condenado el pasado mes de junio por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones leves a un mosso. La Generalitat ejerció la acusación particular debido a que la víctima era un funcionario y pidió penas de cárcel para el activista pero, tras el cambio de gobierno y la reestructuración de los servicios jurídicos de la Consejería de Interior, anunció que recurrirá la sentencia por considerarla excesiva.

Un jurista conocedor del sistema jurídico del Govern detalla a Crónica Global cómo funcionaba antes la defensa de los Mossos y cómo se hace ahora. “Los abogados de las Consejerías de la Generalitat no son procesalistas por lo que no van a juicio, pero son verdaderas máquinas en el ámbito de su departamento. Son verdaderos estudiosos de los temas que son materia jurídica de su consejería, si es cultura, son maestros en temas de cultura, si es industria, lo son en temas de industria. De hecho, algunos bufetes jurídicos privados cuyos jefes han tenido relación con la Generalitat contactan con esos abogados cuando tienen un tema complejo”, explica.

De abogados muy expertos a interinos

En el caso de Interior “nos encontramos con la figura del abogado del gabinete jurídico habilitado para ir a juicios, cosa que en principio solo puede hacer la Abogacía de la Generalitat. Pero dada la especialísima materia que supone la policía se decidió que hubieran abogados de Interior que se encargaran de esta defensa, ya que como decía, ellos son los más expertos de la Generalitat en estas cuestiones”.

Hasta la fecha, estos letrados defendían a los Mossos como institución, no como personas, pues se entendía que representaban la imagen corporativa de la administración. Además, sus actuaciones tenían un carácter disuasorio frente los grupos antisistema y de otro tipo. “Recordemos que Artur Mas exigió, y no se ha retirado, dureza contra los miembros del 15M que quisieron asaltar el Parlament”, añade este jurista, convencido de que “al pasar estos abogados de la Consejería de Interior a Presidencia, se ejercerá un control aún más político del que se ejercía sobre ellos hasta ahora, pero además escapan del control del departamento. Si encima son interinos, difícilmente se negarán a realizar actuaciones que pudieran rozar la ilegalidad o a retirar demandas, puesto que pueden perder la plaza. Si son funcionarios de carrera se negarán a retractarse de actuaciones que hayan firmado ellos y buscarán a gente más dócil”.

Ramon Espadaler, número 3 de la lista de PSC-Units, en las instalaciones de 'Crónica Global' / CG
Ramon Espadaler, diputado de PSC-Units / CG

El diputado de PSC-Units Ramon Espadaler, miembro de la comisión sobre el modelo policial, presentará la propuesta de su grupo parlamentario. “Votaremos en contra del plan de trabajo del Govern, la CUP y los comunes. Los radicales mandan y el gobierno obedece. No es posible pactar. Claro que hay que escuchar a los manifestantes, pero también a quienes no se manifiestan. No hay un problema de derechos humanos”, afirma el exconsejero de Interior, muy crítico con los planteamientos de independentistas y comunes.

Los socialistas negarán la mayor, esto es, que “el modelo policial en general y el de gestión del orden público, en particular, no están en cuestión. Cosa diferente es que uno y otro presenten aspectos mejorables”. Recuerdan la alta puntuación que la ciudadanía otorga a los Mossos y las policías locales en la Encuesta de Seguridad Pública presentada en la Comisión de Interior el pasado 27 de octubre.

"No cuestionamos el modelo policial"

“PSC-Units no comparte el cuestionamiento del modelo policial y del modelo de gestión del orden público que hacen algunos de los impulsores de la Comisión de Estudio que nos ocupa”, aseguran los socialistas en su plan de trabajo, donde se aborda la cuestión desde una triple perspectiva: antes, durante y después de una manifestación. “El objetivo es garantizar plenamente el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación, preservando el orden público, razón por la que se parte de la base de dar plena cobertura a la policía, también en aquellos casos en los que es imprescindible el uso de la fuerza bajo los criterios legalmente establecidos de oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Asimismo, PSC-Units defiende la perspectiva de quien no se manifiesta, es decir, de quienes “ven modificados o alterados algunos de sus derechos, entre los cuales, está el derecho a la movilidad o a disfrutar del espacio público. En casos extremos, también puede sufrir daños en el patrimonio material, de la misma manera que hay afectaciones a bienes de titularidad públicas”. Por ello, proponen que comparezcan en la comisión representantes de los sectores de la restauración, turismo, hoteles y ocio nocturno, entre otros.

“La presencia de violentos en las manifestaciones --añaden-- y la vandalización de los espacios públicos o privados proyectan una imagen al exterior que puede acabar incidiendo en la imagen de la ciudad”. También quieren dar voz a las Administraciones, a la propia policía y a juristas como Xavier Arbós y Jordi Nieva-Fenoll, catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Procesal, respectivamente.