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La 'consellera' de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó (i) y la 'consellera' de Empresa y Conocimiento de Cataluña, Àngels Chacón (d) / EP

El Govern dice que las condiciones de diálogo con el Gobierno "han cambiado" tras la sentencia

La 'consellera' Budó exige que se pueda "hablar de todo" en la mesa de negociaciones y que haya un relator

Gerard Mateo
6 min

Diálogo, diálogo y más diálogo para reconducir la crisis nacionalista en Cataluña. El Govern y el Gobierno en funciones aprovechan cada comparecencia para reclamar un encuentro entre las dos partes, aunque cada una de ellas se mantiene firme en sus argumentos. Mientras desde la Moncloa insisten en hablar dentro de la ley, desde el Palau de la Generalitat quieren imponer las condiciones para ese eventual acercamiento.

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha insistido tras el Consell Executiu del martes que "hay que retomar el diálogo entre el Govern y el Gobierno", a pesar de que "el escenario ha cambiado" a raíz de la sentencia condenatoria del procés, "muy alta" según ella, y por la presencia de "presos y presas políticos". "Las condiciones de diálogo –si se diera– tendrán que cambiar", ha insistido.

La investidura de Sánchez y un relator

El Govern exige varias condiciones para que se produzca ese diálogo. La primera es que haya gobierno en España: "Si no hay un gobierno que pueda tomar decisiones, si no se produce una investidura, no se podrá llevar a cabo esta mesa de diálogo". A pesar de todo, Budó ha evitado pronunciarse sobre el apoyo del Ejecutivo autonómico al candidato del PSOE, Pedro Sánchez. "Las negociaciones están en manos de los partidos", ha deslizado.

La otra gran exigencia, al margen de que "en la mesa de diálogo se pueda hablar de todo", es la presencia de un relator o mediador para "facilitar" ese encuentro. Una "figura de consenso". En todo caso, "si se establece esta mesa de negociaciones no tendría sentido que no la lideraran el presidente del Govern y el presidente del Gobierno". Las condiciones que pactaron Sánchez y Quim Torra en Pedralbes serían el punto de partida, según Budó.

La inmersión lingüística, a debate

Al margen del diálogo, la consellera portavoz ha criticado que desde el PSC "se cuestione" ahora el modelo de la inmersión lingüística, una herramienta que ha calificado esencial "para garantizar la cohesión social".

Por otra parte, el Govern ha solicitado un informe al Consejo de Garantías Estatutarias previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto de medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector publico y telecomunicaciones. Una medida conocida como el 155 digital.

Impulso a las renovables

Finalmente, la consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, ha explicado que el Govern ha derogado un decreto de 2009 que impedía el desarrollo de las renovables en Cataluña y al mismo tiempo ha llevado a cabo diversos cambios legales para que se puedan tramitar instalaciones eólicas y fotovoltaicas en 13 meses, todo ello para agilizar la implantación de estas energías.

De esta forma, la Generalitat pretende que la normativa actual "deje de obstaculizar" la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en Cataluña. Cataluña vive un parón eólico desde 2013 y actualmente tiene una potencia eólica de unos 1.286 megavatios (MW) en eólica y de apenas unos 300 MW en fotovoltaica. Y se ha propuesto tener en el año 2030 una potencia instalada de unos 14.000 megavatios en eólica y otros 6.000 en fotovoltaica.

Instalaciones para autoconsumo energético

Otra novedad del decreto aprobado este martes es que potenciarán las pequeñas instalaciones destinadas al autoconsumo en zonas urbanas, como las placas fotovoltaicas en las azoteas de los edificios, que podrán tramitarse con facilidad siempre que la altura de las instalaciones no se eleve más de un metro sobre el límite de remonta del edificio.

La normativa actual establecía que las placas fotovoltaicas solo podían hacerse en terrenos contiguos a zonas de uso industrial con una ocupación máxima de seis hectáreas, o junto a edificaciones agrícolas o ganaderas, con una ocupación máxima de tres hectáreas. Por otra parte, el nuevo decreto impedirá situar instalaciones renovables en aquellas partes del territorio que formen parte de la red Natura 2000, aunque con algunas excepciones, como la de un municipio que esté situado plenamente dentro de esta área protegida y se trate de instalaciones de pequeño tamaño y para autoconsumo.

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