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La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi / CG

El Govern aplaza la restitución de la ley de ruptura

El ejecutivo de Torra da prioridad a la recuperación de doce normas sociales y económicas, y apela al progresismo de Sánchez para pedir la liberación de los políticos preso

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La consejera de Presidencia, Elsa Artadi, se ha estrenado hoy como portavoz del Govern y ha reclamado al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez que levante los recursos contra doce leyes catalanas impugnadas por el PP ante el Tribunal Constitucional. No descarta el gobierno de Quim Torra abordar más adelante la ley de transitoriedad jurídica hacia la república catalana, anulada mediante sentencia del alto tribunal y que en la anterior legislatura fue aprobada con la finalidad de dotar de una arquitectura legal al futuro “Estado catalán”. Según Artadi, la prioridad es recuperar normas en el ámbito social y económico. Se pospone, por tanto, la desobediencia reclamada por la CUP.

Artadi ha apelado al “carácter progresista” del nuevo Gobierno español para instarle a retirar los recursos presentados por el PP contra leyes catalanas y liberar a los políticos presos.

Fuga de empresas

La consejera de Presidencia también se ha referido al decreto ley del Gobierno español que ha facilitado el traslado de la sede social de empresas catalanas fuera de Cataluña. El Govern ha encargado un informe jurídico para analizar si esa norma supone una violación de los derechos de los accionistas. “Es una decisión política, pero lo importante es que se no se muevan los centros de producción”, ha dicho.

La Generalitat ha abordado la eliminación del 155, lo que permite presentar alegaciones ante el Tribunal Constitucional sobre leyes recurridas por el Ejecutivo español. En concreto, se centrarán en doce leyes, desde la del cambio climático hasta la de la Presidencia y del Govern, que todavía no tienen sentencia. El comercio o el impuesto nuclear también están incluidas en esa legislación que la Generalitat quiere recuperar.

El Comisionado del 155

El consell executiu ha aprobado decretos para reorganizar los ámbitos de Presidencia, Vicepresidencia, Territorio y Justicia. Incluye la creación del comisionado para el despliegue de autogobierno, conocido como el Comisionado del 155. Según Artadi, el objetivo es revertir los efectos de la aplicación de esa medida en ámbitos sociales y económicas, especialmente en lo que se refiere a leyes con sentencia ya dictada y que afectan a competencias catalanas.

En Vicepresidencia está prevista la creación de una Oficina de Derecho Civiles, en coordinación con el Síndic de Greuges.

Asimismo, se ha aprobado destinar 42 millones de euros al departamento de Treball para financiar prestaciones y personal de la Renta Garantizada de la Ciudadanía, pues “somos conscientes de los problemas que se han producido”, en alusión al descontrol de la gestión.

Financiar el IVA de TV3

El Govern ha aprobado destinar 20,4 millones para hacer frente al cambio de la aplicación del IVA en TV3.

Territori asume ahora las competencias en vivienda (antes en Gobernación). Asimismo, impulsará seis convenios sobre la gestión de residuos con países del Mediterráneo para fomentar la emprendeduría verde, en el marco de las medidas para hacer frente al cambio climático.

La Generalitat ha anunciado la anulación contrato con ATLL, tras la sentencia del Tribunal Supremo, por lo que a partir del 1 de enero de 2019, el servicio dejará de estar privatizado y volverá a tener gestión pública.