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Gonzalo Boye, abogado de Quim Torra, en el Tribunal Supremo

La defensa de Torra denuncia la condena de “minorías nacionales”

Gonzalo Boye alega indefensión y falta de imparcialidad en la vista por la revisión de la sentencia de inhabilitación del presidente catalán

3 min

La defensa de Quim Torra ha alegado indefensión, vulneración de los derechos políticos y falta de imparcialidad en la vista sobre la revisión de la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Asimismo, ha enmarcado el proceso judicial en las lagunas del derecho penal sobre “las minorías nacionales” y anuncia que acudirá a los tribunales europeos.

El Tribunal Supremo celebra este jueves la vista oral sobre la revisión de la condena de inhabilitación impuesta al presidente de la Generalitat por los magistrados catalanes por desobediencia en diciembre. El independentista se negó a retirar una pancarta contraria a la neutralidad debida por parte de la Generalitat en periodo electoral. 

 El presidente de la Generalitat, Quim Torra, a su llegada al Tribunal Supremo este jueves en Madrid
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, a su llegada al Tribunal Supremo este jueves en Madrid

Gonzalo Boye, abogado de Torra, ha alegado falta de imparcialidad del juzgador sentenciador, así como de la Junta Electoral Central (JEC), que abrió el procedimiento contra Torra. En este sentido, ha asegurado que uno de los miembros de la JEC, Andrés Betancor, “estuvo a sueldo de Ciudadanos, partido político denunciante”.

Recusaciones

El presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos , ha dicho, “hizo valoraciones sobre la causa, actuó como presidente del TSJC y como enjuiciador”. De ahí la recusación pedida por la defensa de los magistrados Barrientos, Carlos Ramos y Mercedes Armas.

Asegura el letrado que la condena del TSJC carece de motivación y que vulnera el principio jurídico del non bis in ídem (doble sanción sobre un mismo sujeto), en el sentido de que la sanción de la JEC tiene carácter penal, a juicio de Boye. El abogado considera que la Junta no tiene potestad sobre el presidente de la Generalitat. “Lo que la JEC pedía es que el presidente catalán vulnerara no solo sus propios derechos políticos, de expresión y electorales, sino también de sus trabajadores”.

Sobre la libertad de expresión, que considera vulnerada, ha aludido a un “derecho político, era una crítica al Tribunal Supremo por las existencia de presos políticos” y ha abierto el debate sobre la interpretación del derecho penal sobre “las minorías nacionales” pues pedir “la libertad presos políticos es una literalidad del discurso de investidura del señor Torra”

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