Juan Carlos Campo, ministro de Justicia / EUROPAPRESS

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia / EUROPAPRESS

Política

El Gobierno niega concesión al independentismo por tramitar indultos de los presos del 1-O

Justicia responde a Vox que es su "obligación legal" y rechaza que sea una moneda de cambio para "negociar", como apunta Santiago Abascal

11 noviembre, 2020 12:59

El Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en reformar los delitos de sedición y rebelión. Así lo ha asegurado en una respuesta a Vox, en la que subraya que "no existe ninguna concesión a los condenados por el procés, por tramitar las solicitudes de indulto a su favor".

El partido de Santiago Abascal había tramitado una pregunta parlamentaria en la que acusa a los socialistas de tratar ambos asuntos como "moneda de cambio" con los independentistas catalanes, para "negociar". Como mínimo, los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021 que estarían encaminados para superar el trámite parlamentario. Cabe recordar que el fracaso en renovar las cuentas públicas fue lo que acabó con el primer Gobierno socialista. Por ahora, siguen vigentes las últimas que firmó Cristóbal Montoro (PP). 

Tramitar indultos

En su contestación al partido de extrema derecha, el Ministerio de Justicia indica que tramitar todas las solicitudes de indulto que le llegan es su "obligación legal, sea quien sea quien las plantea". Por tanto, detalla, también lo es en caso de los líderes soberanistas, condenados por el 1-O.

En cuanto a la reforma los delitos de sedición y rebelión, la cartera que dirige Juan Carlos Campo ha incidido en que "la realidad ha cambiado y es necesario adecuar el Código Penal a la misma, de igual forma que se ha hecho en estos años con otros tipos de delictivos". Recuerda así que estos dos ilícitos "no se han reformado en 200 años" y que solo se cambió "su ubicación sistemática, pero no se tocó ni el sentido ni la proporcionalidad de los mismos".

Consenso parlamentario

"En cualquier caso", reza el documento, "el Gobierno apuesta por reunir el máximo consenso parlamentario, considerando que el Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social".

Prosigue de este modo con los cambios legislativos anunciados. 

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