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Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno / EFE

El Gobierno impugna la candidatura de Puigdemont

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría informa que ha recurrido al Tribunal Constitucional y al Consejo de Estado

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El Gobierno ha iniciado este jueves los trámites necesarios para impugnar la eventual investidura de Carles Puigdemont. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que planean presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del presidente del Parlament, Roger Torrent, del lunes pasado en el que “proponía a la Cámara a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat”.

Para ello, ha remitido dos peticiones de informe al Consejo de Estado. El primero incide en si “el estatus jurídico actual del señor Puigdemont, que hace incompatible su comparecencia personal en la Cámara” impide que se pueda presentar a la investidura.

Opinión de los expertos

En la segunda consulta, el Gobierno pide al comité de expertos “su opinión” según tres cuestiones clave en la realidad política catalana. “Si el candidato no está presente en la Cámara se puede llevar a cabo la investidura”, ha relatado Sáenz de Santamaría, “si ello se admitiera por parte de la mesa o del presidente, si se podría impugnar ante el Tribunal Constitucional”.

La tercera cuestión hace referencia a los exconsejeros que están en Bruselas y mantienen el acta de diputado. El Ejecutivo plantea al Consejo de Estado si “se admite el voto delegado de diputados fuera del territorio nacional para eludir la acción de la justicia, no en la cárcel, procede a anularlo o a acudir igualmente al Constitucional”.

Elección del candidato

La vicepresidenta manifiesta que Torrent tiene “libertad de designar al candidato” que crea más conveniente en la nueva legislatura en Cataluña. El problema, según ha puntualizado, es que sobre Puigdemont pesa una orden de detención en cuanto pise suelo español, hecho que imposibilitaría estar presente en la sesión parlamentaria y le complicaría el futuro.

Asegura que el Gobierno “usa los instrumentos que la ley pone a su disposición para que las normas se cumplan”. Afirma que se trata de “respetar los derechos”.