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Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno en funciones.

El Gobierno español inicia los trámites para vetar el referéndum

La vicepresidenta Santamaría anuncia que la resolución aprobada ayer en el Parlamento catalán está en manos de la Abogacía del Estado

3 min

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que la Abogacía del Estado ha recibido el encargo de analizar la propuesta de resolución aprobada ayer en el Parlamento catalán, que contempla la celebración de un referéndum independentista en septiembre de 2017 “a lo más tardar”.

Tras la reunión del consejo de ministros, Santamaría ha hecho balance de los tres hechos más recientes relacionados con el proceso secesionista: el auto del Tribunal Constitucional sobre la petición a la Fiscalía de que abra una causa penal contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, por la aprobación el pasado mes de julio de los trabajos de la comisión sobre el proceso constituyente, así como los avances en el procesamiento de los organizadores de la consulta del 9N y, finalmente, la reciente votación de propuestas de resolución sobre el referéndum. Propuestas que, según ha dicho la vicepresidenta, “están siendo estudiadas por la Abogacía del Estado para proceder. El Estado de Derecho es muy claro, si los partidos independentistas siguen repitiendo la hoja de ruta de Artur Mas, seguirá actuando de la misma manera”. La número dos del Ejecutivo asegura que esa vía emprendida por el expresidente catalán “está absolutamente deslegitimada por los tribunales y ante la misma actuación reiterativa hasta la saciedad, la respuesta no va a dejar de ser la misma”.

"Aboca a la melancolía"

“Sencillamente --ha añadido--, volver una y otra vez para mantener la misma letanía del referéndumn del lado de todos, cuando en Cataluña hay muchos problemas reales y encima el TC ha dejado muy claro lo que se puede y no se puede, aboca a la melancolía. El Estado de Derecho se mantendrá firme en defender el derecho de los tribunales”.

Las resoluciones, asegura Santamaría, “se deben acatar, pues los tribunales no están del lado de nadie, están del lado de todos”.

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