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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en una intervención en el Senado / EFE

El Gobierno se inclina por el delito de sedición contra los políticos presos

La Abogacía del Estado, a diferencia de la Fiscalía, rechaza el delito de rebelión contra Oriol Junqueras y el resto de procesados

01.11.2018 20:41 h.
3 min

El Gobierno ha ido madurando la decisión, y finalmente ha descartado el delito de rebelión contra los políticos independentistas presos. La Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, bajo la dirección de la ministra Dolores Delgado, y, por tanto, del Gobierno que preside Pedro Sánchez, acusará a los dirigentes independentistas de sedición y malversación, pero no de rebelión, castigado con hasta 30 años de prisión.

La Abogacía del Estado ofrecerá este viernes sus conclusiones sobre el proceso, así como la Fiscalía, que no variará sus primeras decisiones y mantendrá el delito de rebelión. Se trata de un gesto del Gobierno de Pedro Sánchez, que en las últimas semanas ha ido ofreciendo pistas en ese sentido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la vicepresidenta, Carmen Calvo, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso / EFE

Pedro Sánchez y la vicepresidenta Calvo, en el Congreso

Las pistas de Sánchez

Esta misma semana, en el Congreso de los Diputados, rechazó que lo que ocurrió ahora hace un año en Cataluña se pudiera considerar como un delito de rebelión, al entender que para ello es necesario la violencia, y una violencia con la presencia de armas físicas.

El independentismo ha reclamado en todo este tiempo que el Ejecutivo español ofreciera algún agarradero, algún movimiento en ese sentido, aunque las posiciones se mantienen, y este mismo jueves una concentración independentista a las puertas de la cárcel de Lledoners reclamara la puesta en libertad de todos los procesados.

La fiscal general del Estado, María José Segarra Crespo / EFE

La Fiscal del Estado, María José Segarra

Un mínimo de 14 años

Según fuentes judiciales, la Abogacía del Estado apuesta por el delito de sedición, que no pasa por un acto de violencia. En este caso, las penas que pide el órgano, dependiente del Ministerio de Justicia, suman un mínimo de 14 años.

En los últimos días el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido distintas reuniones para abordar una cuestión que puedeaños ser determinante. Ahora la decisión pasará a manos de los partidos independentistas, si consideran o no que el Gobierno podía ejercer otro papel. La posición de partidos como Esquerra Republicana es que debería ser la Fiscalía la que tome esa decisión, y no tanto la Abogacía del Estado. Pero el Gobierno considera que la Fiscalía debe tomar los pasos que considere y que, en todo caso, ya se verá lo que ocurre durante el juicio.

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