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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, coinciden este viernes en Barcelona / EUROPA PRESS

Moncloa defiende no perseguir en el Tribunal de Cuentas a excargos de la Generalitat por el 'procés'

Defiende la postura de la Abogacía del Estado y cree que corresponde al Govern reclamar los presuntos fondos irregulares desviados en su propia acción exterior

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido la decisión de la Abogacía del Estado de no presentar demanda ante el Tribunal de Cuentas contra una treintena de excargos y dirigentes de la Generalitat por el presunto uso irregular de fondos públicos para la acción exterior de Cataluña. Ha subrayado que según el órgano fiscalizador los fondos afectados son de la Generalitat y la indemnización por tanto corresponde al gobierno autonómico (que impulsó esa misma acción exterior): "No es posible la intervención de ninguna otra Administración".

Así ha respondido el Ejecutivo por escrito a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y al portavoz nacional de la formación naranja, Edmundo Bal, quienes preguntaron si el Gobierno consideraba "adecuada" la decisión de la Abogacía del Estado de retirarse de la causa que se sigue en el Tribunal de Cuentas.

"Fondos de la Generalitat"

Desde Moncloa se han amparado en la liquidación provisional emitida por la Delegada-Instructora y han insistido en que "todos los fondos afectados son de titularidad de la Generalitat de Cataluña, por lo que no cabría la interposición de demanda por el Abogado del Estado".

"Cabe informar a Sus Señorías que el Gobierno sí considera adecuada la decisión de la Abogacía del Estado de retirarse de la causa de reparación de lo defraudado al Tesoro Público", ha señalado el Ejecutivo en la respuesta recogida por Europa Press.

5,4 millones de euros

El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros a una treintena de excargos y dirigentes del Govern en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para su acción exterior a través de las denominadas embajadas catalanas y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. En la lista figuran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers.

El equipo de Sánchez ha explicado que el procedimiento de reintegro por alcance ante el órgano fiscalizador se tramita en dos fases: una previa de carácter administrativo --denominada actuaciones previas-- y otra posterior de naturaleza jurisdiccional.

Según ha precisado, en la primera fase la intervención del Abogado del Estado está prevista de manera expresa en los artículos 45.1 y 46.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, "con independencia de la Administración titular de los fondos afectados por los hechos". "Esta intervención se justifica en que, hasta la liquidación provisional, no se puede saber con seguridad si puede haber fondos del Estado afectados por las actuaciones", ha señalado.

La Generalitat, "el sujeto legitimado"

En el marco de su respuesta parlamentaria el Ejecutivo ha recordado que esta fase inicial concluye con el levantamiento del acta de liquidación provisional, que supone la conclusión del trabajo del Delegado-Instructor en relación con la concreción de los hechos y la determinación de la responsabilidad contable de los presuntos responsables.

"En el supuesto objeto de la pregunta, el Abogado del Estado intervino en los distintos trámites que le fueron formulados, considerando que los hechos podrían ser constitutivos de responsabilidad contable", ha indicado.

Por su parte, la segunda fase --de procedimiento jurisdiccional de reintegro por alcance-- se puede iniciar mediante demanda. "El sujeto legitimado activamente sería la Administración titular de los fondos afectados, el Ministerio Fiscal y el denunciante en caso de existir", ha insistido el Gobierno.

Jurisprudencia

Así, ha hecho referencia a la doctrina del Tribunal de Cuentas que "limita" la legitimación activa para presentar la demanda a la Administración pública titular del patrimonio perjudicado. "No es posible la intervención de ninguna otra Administración que no sea la titular de los fondos afectados", ha remarcado.

El Gobierno ha citado también la jurisprudencia del Tribunal Supremo y ha explicado que la legitimación activa del Estado en el procedimiento penal se reconoció "con independencia de que no se tuviera un interés directo como perjudicado" dado que, según ha reiterado, "la titularidad final de la indemnización correspondía al patrimonio de la Generalitat de Cataluña".