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La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acompañada por su marido, Bernat Pegueroles, saluda a antes de entrar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña / EFE

El Gobierno catalán y la CUP blindarán a Forcadell en el Parlament

Junts pel Sí y los antisistema presentan una propuesta de resolución para defender la “inviolabilidad” de la presidente de la cámara por su condición

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El Gobierno catalán y la CUP han presentado conjuntamente una propuesta de resolución que carga contra el proceso judicial abierto contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, que se debatirá, someterá a votación y aprobará por la aritmética de la cámara el próximo viernes. En ella, se defiende la “inviolabilidad” de la expresidenta de la ANC por su condición de parlamentaria.

El texto ha sido tramitado por la vía de urgencia y llega después de la declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La propia Forcadell aseguró en la vista que su cargo le otorgaba esta protección judicial y reclamó a la magistrada de la sala, Maria Eugènia Alegret, y al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que la hicieran valer. “Sirve para garantizar la libertad de expresión de los diputados”, explicó la presidenta del Parlamento en una rueda de prensa posterior.

La resolución también advierte de que “la criminalización de la actividad parlamentaria de la cámara, en tanto que legítima de la voluntad propia, supone un grave riesgo para la democracia”. Asegura que si se hubiera cumplido con el mandato del Tribunal Constitucional, que impedía la votación, se hubiera coartado la libre manifestación de los diputados catalanes.

Enmienda de CSQP

Junts pel Sí y la CUP negocian con Catalunya Sí que es Pot para intentar ampliar el apoyo. La plataforma que suma los intereses de ICV, EUiA y los Comunes, el partido de Ada Colau, recuerdan que el TC ha reconocido que la Constitución no es un marco inamovible y que en ella caben todas las expresiones políticas. “Desde las reformistas hasta aquellas que pretenden una ruptura democrática con el actual ordenamiento jurídico”.

Rechaza los “intentos de judicializar conflictos de naturaleza política” y reivindica “el diálogo, la negociación y el conflicto democrático” para llegar a un acuerdo definitivo.