La gestión real del Govern con las guarderías: elimina el copago en el ámbito rural

En el curso 2015-2016, la Consejería de Educación impulsó un plan piloto para implantar la línea de educación de 1 a 3 años en las escuelas rurales. La experiencia comenzó en siete escuelas situadas en municipios de menos de 3.000 habitantes, tres en las Terres de l’Ebre y cuatro en Lleida, y formaba parte de los proyectos educativos en zonas rurales (ZER). De esta forma, se creaban espacios educativos para los más pequeños, compartiendo proyecto y espacios con las escuelas de Educación Infantil y Primaria.

Confinanciación

La experiencia era cofinanciada entre Generalitat y ayuntamientos, que hacían frente al gasto que suponía sufragar los costes de técnicos de educación infantil, una media de 15.000 euros anuales, además de los gastos propios de mantenimiento del edificio y de limpieza. Una cifra que, en el caso de poblaciones muy pequeñas, con déficit presupuestario, suponía un gran esfuerzo.

El plan fue recibido con bastantes recelo por parte de los profesores, pues a 1 de septiembre de 2015, ningún equipo directivo había sido informado del mismo, ni de su normativa. El sindicato USTEC avisaba de la ambigüedad que supondría la coexistencia de personal docente, dentro del mismo centro, dependiente de dos Administraciones diferentes –Generalitat y ayuntamiento--, e incluso “personal no funcionario ejerciendo responsabilidades educativas en centros públicos”, lo que a su juicio, “genera dudas sobre la legalidad y la legitimidad de la citada iniciativa”. USTEC comparaba las previsiones del plan piloto en zonas rurales con el impulsado en la Comunidad Valenciana, más concreto, y que en 2015 ya alcanzaba a 35 centros, establecía que los profesores serían contratados por la consejería, así como ratios por aula y la figura de coordinadores.

Hasta 52 escuelas

A pesar de esas reticencias, el plan piloto se fue ampliando y en el curso 2016- 2017, 52 escuelas rurales ofrecían educación de 0 a 3 años en la Cataluña central (6), Girona (4), Lleida (21), Vallès Occidental (1), Tarragona (12) y Terres de l’Ebre (8).

Sin embargo, en mayo de 2020, la Consejería de Educación dejó sin efecto el Plan experimental del primer ciclo de educación infantil en escuelas rurales establecido en 2015. El motivo, según la disposición publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), era que “en municipios con baja densidad de población, con un número de niños de entre uno y tres años muy reducido, no resulta sostenible la creación de una guardería. Esta realidad comporta la imposibilidad de escolarización de estos niños o su escolarización inicial en poblaciones próximas, donde siguen escolarizados en enseñanzas posteriores. La consecuencia es la pérdida de alumnado en pequeñas poblaciones, contribuyendo al empobrecimiento de la vida comunitaria e incluso a la despoblación”.

Adaptación a las nuevas circunstancias

Para evitar esos efectos negativos, el Govern asumió la titularidad de la contratación del personal para impartir esa enseñanza, mientras que dejaba en manos de los entes locales la financiación de esas escoles bressol. La consejería daba de plazo hasta la finalización del curso 2022-2023 para que los ayuntamientos que participaban del plan experimental pudieran adaptarse a la nueva situación.

La nueva situación implica duplicar el gasto que dedican los ayuntamientos. Por este motivo, PSC-Units presentó una propuesta de resolución sobre la financiación de la escolarización de 1 a 3 años, ante lo que calificaba de “cambio unilateral de la corresponsabilidad de este plan piloto”.

Debate parlamentario

Se da la circunstancia de que el presidente Pere Aragonès (ERC) destaca entre los ejes de su plan de gobierno la gratuidad de las guarderías, cuyo gasto fue asumido por los consistorios cuando el Govern de Artur Mas retiró la financiación. Esos recortes nunca han sido revertidos y, tal como publicó Crónica Global, los planes de la Consejería de Educación en ese ámbito contemplan recuperar la financiación anterior en los recortes en un plazo no inferior a diez años.

La Comisión de Educación del Parlament debatió ayer esa propuesta de resolución en la que el diputado socialista Joaquim Paladella advirtió de la asfixia financiera de esos ayuntamientos y del riesgo de que pueblos de la Cataluña vacía “se queden sin vida” si se prescinde de estos servicios escolares. PSC y ERC negociaron una enmienda que, finalmente, fue aprobada por unanimidad, según la cual, el Parlament insta al Govern a asumir el coste de las guarderías rurales en el curso 2021-2022 en aquellos ayuntamientos que hayan suscrito nuevos convenios de colaboración y cumplir con el resto de la normativa vigente, desde la corresponsabilidad entre la administración educativa de la Generalitat y las administraciones locales”.