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La portavoz del Govern, Patrícia Plaja / EUROPA PRESS

La Generalitat recurrirá en contra de poner más fácil elegir el idioma del examen de selectividad

Mientras, el Síndic de Greuges vuelve a posicionarse a favor de los planteamientos del Govern y llevará el caso al Consejo de Europa

Ricard López
6 min

La Generalitat recurrirá la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de que el Ejecutivo catalán haga más accesible la elección por parte de los alumnos de la lengua oficial en la que prefieren hacer sus exámenes de selectividad: en catalán --idioma en el cual se repartían hasta ahora por defecto, a no ser que el estudiante lo reclamara en otro--, castellano o aranés.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, quien ha explicado que la Generalitat tiene tres días para presentar dicho recurso.

Pruebas en tres lenguas

Según Plaja, en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) --un total de 39.775-- se ha recordado a todos los estudiantes que tienen el "derecho, como se ha hecho siempre, de hacer los exámenes con la lengua con la que se sientan más cómodos".

Así, ha explicado que en todos los centros adscritos que acogen pruebas de selectividad se ha trasladado a los estudiantes que tienen "diferentes canales" a su disposición para disponer de los exámenes en tres lenguas.

Orden del TSJC

Aún así, la nueva portavoz del Govern no ha evitado criticar la orden de la justicia, mezclando en su argumento la pandemia de coronavirus con el hecho de informar a los alumnos sobre su derecho a elegir en cuál de las tres lenguas cooficiales de Cataluña prefieren hacer sus exámenes: "En un año marcado por la pandemia, que ha hecho especialmente complicado la preparación de los exámenes, se ha sumado la voluntad de los tribunales de justicia de condicionar el normal funcionamiento de estas pruebas", ha manifestado.

El TSJC estimó este lunes una petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo aclaró que "la elección de la lengua de los enunciados de examen no puede venir determinada por la Administración y, en su lugar, deberán estar disponibles en las tres lenguas cooficiales". Es decir, catalán, castellano y aranés.

Además, el TSJC señaló que el Govern debe ofrecer "de forma individual al alumno la opción de escogerlos [los enunciados] en el idioma oficial que estime", tras la petición de cautelares con carácter de urgencia por parte de la AEB.

El Síndic, de nuevo al lado del Govern

Por su parte, el Síndic de Greuges --organismo equivalente al defensor del pueblo de Cataluña-- ha vuelto a alinearse con los postulados de los dirigentes del Govern secesionista, manifestándose con inusitada rapidez al respecto.

Según el Síndic, el marco normativo ampara "plenamente" la práctica de repartir inicialmente los exámenes en catalán en la selectividad.

En su comunicado, la entidad encabezada por Rafael Ribó ha manifestado que el auto del TSJC "ha dado lugar a la inquietud y el desconcierto de todas las partes implicadas".

No ve "desatendido" el derecho...

El Síndic, tras recordar que el Estatut y dos leyes fijan el catalán como lengua vehicular, ha explicado que la decisión del tribunal pretende reconocer el derecho de opción lingüística para relacionarse con la Administración.

No obstante ha constatado que este derecho "no ha sido desatendido a lo largo de las convocatorias realizadas hasta la fecha con toda normalidad y ausentes de polémica". Y afirma que se ha garantizado la posibilidad de hacer las pruebas en cualquier lengua oficial y que se ha previsto la entrega de enunciados en castellano cuando se ha solicitado.

... Y lleva el caso a Europa

Dicho derecho de opción lingüística, ha continuado, determina la posibilidad de escoger, "pero no comporta un deber para la Administración educativa de usar normalmente una lengua que no sea la estatutariamente y legalmente reconocida como propia en el ámbito lingüístico catalán".

El Síndic de Greuges remitirá los hechos de oficio al Comité de Expertos de la Carta Europea para las lenguas regionales o minoritarias del Consejo de Europa, para que sean conocedores de ellos y por las "posibles actuaciones" que se deriven, y a las Consejerías de Investigación y Universidades y de Acción Exterior y Transparencia de la Generalitat.