La secretaria general de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà / EUROPA PRESS

La secretaria general de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà / EUROPA PRESS

Política

La Generalitat recurrirá los autos del TSJC favorables al 25% de castellano

El Govern secesionista ve "filibusterismo jurídico" y cree que se "discrimina" a los alumnos que disfrutan de una enseñanza bilingüe gracias a ese porcentaje mínimo

22 septiembre, 2022 20:27

La Generalitat de Cataluña mantiene su batalla judicial para impedir el bilingüismo en su sistema educativo. El Govern secesionista ha anunciado este jueves que recurrirá los dos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligan a seguir impartiendo un mínimo de 25% de clases en castellano en dos de los 27 colegios donde, hasta ahora, se aplicaba esta norma cumpliendo sentencias individuales firmes.

La secretaria general de Educación de la Generalitat, Patrícia Gomà, se ha mostrado indignada por estos dos autos que impiden erradicar el castellano como lengua también vehicular en la enseñanza, junto al catalán. La dirigente secesionista ha recordado que el Govern, vía decreto, y el Parlament, con una ley aprobada por ERC, JxCat, PSC y En Comú Podem, crearon este verano un nuevo "marco normativo" que permite burlar ese porcentaje mínimo de castellano. Y ha acusado al tribunal de hacer "filibusterismo jurídico" y de, según ella, "retorcer los argumentos". "Nosotros y todo el país está defendiendo esta normativa, este nuevo marco normativo", ha manifestado.

Cree que se "discrimina" a los alumnos con enseñanza bilingüe

Gomà opina que la nueva legislación de la Generalitat --elaborada tras la sentencia que obligaba a aplicar el mínimo de 25% de castellano en todo el sistema educativo, ahora recurrida en el Tribunal Constitucional-- establece que el aprendizaje de lenguas debe regirse por criterios "pedagógicos" y no por porcentajes. E insiste en que, gracias a su elaboración a posteriori, resultan "inaplicables estas medidas judiciales".

En opinión de esta alto cargo del Govern, los dos autos del TSJC generan confusión a las familias afectadas, "inseguridad jurídica" a los centros afectados por estas medidas y, según sus palabras, "una discriminación a los alumnos a los que se les pide que se les apliquen unos porcentajes de castellano que no se aplican al conjunto del alumnado catalán".

A su modo de ver, la decisión del Poder Judicial muestra una "judicialización extrema e infinita", y en los próximos días estudiarán y analizarán los argumentos jurídicos contra los dos autos. La Generalitat tiene tiempo hasta el próximo 3 de octubre para presentar el recurso. Y está convencida de que éste les permitirá seguir imponiendo el monolingüismo obligatorio en catalán: "Tenemos toda la razón jurídica de nuestra parte para presentar el recurso, que prosperará, e intentar que el tribunal no pueda dilatar el cumplimiento del nuevo marco normativo".

Resoluciones anteriores

Gomà ha sostenido que, en resoluciones anteriores, el TSJC constató la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia del 25% de castellano debido a la aprobación a posteriori de la nueva normativa del Govern y el Parlament para burlar dichas sentencias.

En este sentido, considera que el tribunal deberá explicar por qué en estos dos nuevos autos "se aparta del mismo precedente jurídico que ha dictado", pues ve aplicable la misma argumentación.

Aplazada la reunión de Cambray para presionar a las escuelas

Debido a estos dos autos, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), ha decidido aplazar la reunión que tenía prevista este viernes para instar a los directores de las escuelas afectadas por las sentencias individuales sobre el 25% a incumplirlas. Finalmente, el encuentro se celebrará la semana que viene

"Queremos tener todo analizado y poder explicarles la argumentación jurídica que presentaremos contra esta resolución", ha enfatizado la secretaria general de su consejería. A su modo de ver, lo que dice el tribunal es que los centros donde se aplicaba el 25% de castellano "deberán acreditar" que "se ha hecho esta revisión de los proyectos lingüísticos, tal y como determina la nueva normativa".