La Generalitat oculta el desvío del dinero del 9N

Provocaron una daño a los caudales públicos, según el Tribunal de Cuentas. Y por ello, el Gabinete Jurídico de la Generalitat reclamó el pasado mes de abril al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a tres exconsejeros y cinco excargos intermedios la devolución de un total de 5,2 millones de forma solidaria como responsables de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Un mes después, el Govern desistía. 

En su discurso de investidura, Quim Torra prometió que retiraría es “ignominiosa demanda” contra Mas, los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, que atribuyó a la presión del Gobierno español a los servicios jurídicos de la Generalitat durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Acta de Liquidación

La administración autonómica reclamaba el pago de 5,2 millones a los ex altos cargos del Govern en base al Acta de Liquidación emitida por la Delegada instructora en el procedimiento en el Tribunal de Cuentas. El acta indicaba que los pagos para organizar el 9-N "se habrían realizado sin tener justificación suficiente por pesar sobre dicha consulta o proceso de participación dos órdenes de suspensión decretadas por el Tribunal Constitucional».

El presidente de la Generalitat, Quim Torra (c), acompañado por el vicepresidente Pere Aragonés y la 'consellera Elsa Artadi' (i), recibe en el Palau de la Generalitat al expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega (d) y los 'exconsellers' Fr

Quim Torra, acompañado por el vicepresidente Pere Aragonés y Elsa Artadi con Artur Mas y Joana Ortega

La demanda se hizo extensiva a cinco excargos intermedios -Lluis Bertrán, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana y Jaume Domingo- que "por ser órganos de contratación o por estar al cargo de la fiscalización previa de los contratos y encomiendas, posibilitaron la salida de fondos del presupuesto de la Generalitat, ocasionando un daño a los caudales públicos", dice de ellos la demanda, que reproduce y hace suyo el acta de liquidación provisional.

Artadi: "No hubo responsabilidad contable"

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la consejera de Presidencia y portavoz Elsa Artadi recordó que desde el inicio del proceso judicial, la Generalitat había declinado personarse por entender que se había excluido la malversación, por lo que consideró que "no concurrían los requisitos para exigir responsabilidades contables" para personarse contra los impulsores de la consulta.

Por ello, el pasado mes de junio, el diputado de Ciudadanos, Ignacio Martín Blanco, presentó en el Parlament una solicitud de documentación dirigida al Govern consistente en una copia de los informes jurídicos que justifiquen el acuerdo del Govern de la Generalitat de retirar las acciones de responsabilidad patrimonial en nombre de la Generalitat contra las personas penalmente condenadas por desobediencia por la “ilegal consulta del 9N y la correspondiente indebida disposición de recursos públicos para su realización”.

La opacidad del Govern

Dos meses después, el Gabinete Jurídico, que depende de la Consejería de Presidencia, respondió que, en este caso, debe aplicarse el límite establecido en el artículo 21 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el mismo se indica que no procede el acceso a la documentación solicitada porque “la divulgación de estos documentos podría comportar un perjuicio a la igualdad de las partes en el proceso o a la tutela judicial efectiva de esta administración”.

Ante esta falta de información, Ciudadanos tiene intención de pedir el amparo de la Mesa del Parlament. "la Generalitat se niega a recuperar el dinero malversado que nos costó a todos el 9N", denuncian fuentes de la formación naranja.