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El Govern lava la cara de su obra pública en pleno caso 3%

El Govern lava la cara de su obra pública en pleno 'caso 3%'

La Generalitat gasta 154.000 euros en la contratación de un equipo de abogados para blindar jurídicamente los acuerdos de su empresa pública Infraestructures.cat

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​El Gobierno catalán quiere blindar jurídicamente su obra pública mediante la contratación de un gabinete de abogados que vele por la legalidad de sus licitaciones. La iniciativa coincide con el juicio sobre el expolio del Palau de la Música y las nuevas revelaciones del caso 3%

Ambos procesos judiciales están referidos a la supuesta financiación irregular de CDC a través del cobro de comisiones por adjudicación de la obra pública catalana, lo que ha forzado la comparecencia del expresidente catalán y exsecretario general del partido Artur Mas en el Parlamento catalán para dar explicaciones.

En un intento de lavar la imagen de unos procesos de contratación que estuvieron bajo sospecha, la Generalitat acaba de sacar a concurso la adjudicación de un equipo de abogados que asesorarán a Infraestructures.cat –la antigua GISA— e Ifercat. El contrato está valorado en 154.000 euros, tiene una duración de un año y es prorrogable.

En octubre de 2015, el entonces director de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, fue detenido por su presunta implicación en la trama del 3%. La sede de esta empresa fue registrada y su entonces presidente, Joan Lluís Quer, presentó la dimisión.

El mayor volumen de licitación

Infraestructures.cat es la empresa pública de la Generalitat que gestiona el mayor volumen de licitación de obra pública de infraestructuras (carreteras, Metro, ferrocarriles y regadíos, entre otros), edificación (escuelas, hospitales, centros asistenciales, comisarías o juzgados) y mantenimiento de equipamientos. Por su parte, Ifercat es un ente público que administra las infraestructuras ferroviarias.

El concurso, cuya licitación fue publicada este miércoles, contempla la contratación de un equipo mínimo de tres abogados, un coordinador con una experiencia mínima de 15 años en derecho civil y mercantil, y dos letrados con experiencia mínima de cinco años también expertos en esas disciplinas. La prestación de servicios comprende actuaciones relacionadas con la asistencia y dirección letrada en procedimientos judiciales o arbitrales en materia civil o mercantil.

Pero también abarca otras actuaciones, como la asistencia a reuniones periódicas presenciales si así los requieren las citadas empresas públicas, el análisis de implicaciones o incidencias jurídicas que puedan surgir, la emisión de informes y notar informativas sobre cuestiones jurídicas que requieran Infraestructures.cat e Ifercat y la elaboración de informes trimestrales sobre la situación de los procesos en curso, entre otros cometidos.