El Govern secesionista de Cataluña vuelve a apelar a instancias internacionales para criticar al sistema democrático español. La Consejería de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, a través de su dirección general para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (DGDH), ha enviado a la ONU dos informes que señalan la "indefensión" que, en su opinión, "generan para los Derechos Humanos el delito de sedición español y las actuaciones del Tribunal de Cuentas", según aduce en un comunicado.
El Ejecutivo autonómico catalán considera ahora necesario "modificar el delito de sedición en España" --después de que varios de sus dirigentes fueran condenados por ello por el procés-- "para proteger el derecho a la protesta". Y sostiene, además, que la actuación del Tribunal de Cuentas genera un impacto en la libertad de expresión, de participación política y de la garantía del principio de tutela judicial efectiva. Sobre este último punto, cabe recordar que este organismo reclama una fianza de 5,4 millones de euros a una treintena de exdirigentes y altos cargos de la Generalitat --entre ellos, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas-- por el uso de dinero público para internacionalizar el procés.
Ambos documentos se han entregado al Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Clément Nyaletsossi Voule, con el objetivo de que se incorporen al informe que presentará en el Consejo de Derechos Humanos que abordará su protección en protestas pacíficas durante situaciones de crisis.
Críticas al Tribunal de Cuentas
El informe titulado "Las actuaciones del Tribunal de Cuentas y los derechos a la participación política, a un juicio justo y a la libertad de expresión" considera que los procedimientos de este organismo no ofrecen las garantías necesarias y "generan indefensión".
El documento, elaborado por la DGDH del Govern secesionista, sostiene que el Tribunal de Cuentas se extralimita en sus funciones y que cuenta con "sesgos politizados en el proceso de elección de sus miembros y en su función jurisdiccional, desvinculada de la justicia ordinaria".
Contra la sedición tras la condena a sus líderes
El informe titulado "El delito de sedición y el derecho a la protesta", elaborado por el despacho de abogados Red Jurídica, sostiene que la actual concepción de la sedición en el Código Penal abre la puerta a penalizar, a su modo de ver, derechos fundamentales. Y, tras comparar la normativa en 17 países, concluye que "el caso español no tiene homólogos en el contexto europeo y obedece a criterios de criminalización o castigo desfasados respecto a los estándares europeos".
También asegura que la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo sobre el delito de sedición "no es clara ni precisa ni previsible, vulnera principios de legalidad" y provoca inseguridad jurídica, además de situar la desobediencia civil no violenta multitudinaria en este delito, sin que la renuncia a la violencia implique ninguna diferencia, según la Consejería. Unas acusaciones que la Generalitat secesionista formula después de que algunos de sus exdirigentes fueran condenados --y luego, indultados-- por sedición tras organizar un referéndum ilegal de secesión con una posterior declaración unilateral de independencia en el Parlament sin precedentes en Europa.
