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El exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, llega al Tribunal Supremo acompañado de su abogada, Olga Tubau (i) / EUROPA PRESS

La Generalitat demoró el pago a la abogada a Trapero

Los hechos coincidieron en el tiempo con la declaración del exmayor de los Mossos en el juicio a la cúpula del 'procés', en que se desmarcó de la hoja de ruta del ejecutivo de Puigdemont

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La Consejería de Interior de la Generalitat demoró más de un año el pago a la defensa del mayor Josep Lluis Trapero antes del juicio por rebelión que afrontó en la Audiencia Nacional, aunque finalmente acabó abonando los honorarios a la abogada que logró su absolución.

Según ha adelantado El Periódico de Cataluña y han confirmado a Efe fuentes cercanas al caso, esta situación provocó un gran malestar en el seno de los Mossos d'Esquadra, que consideraron que la Generalitat abandonaba a Trapero y a la intendente Teresa Laplana a las puertas de un juicio en que estaba en juego no sólo su futuro sino también la reputación del cuerpo.

Se desmarcó de los líderes del 'procés'

Ni Trapero ni su abogada, Olga Tubau, han querido pronunciarse sobre este asunto, que se acabó solventando cuando el juicio en la Audiencia Nacional ya había arrancado.

De hecho, según las fuentes, Trapero era reacio tras su imputación a que su defensa la ejerciera una abogada que no representaba a los servicios jurídicos de la Generalitat, como ocurre con la mayoría de Mossos que van a juicio, aunque lo acabó aceptando porque el responsable de asuntos penales del departamento de Interior, Josep Lluis Florensa, se lo sugirió porque no podía dar dedicación exclusiva a un caso tan extenso y complejo.

La demora en el pago por parte de la Generalitat de los honorarios de Tubau coincidió en el tiempo con la declaración de Trapero en el juicio a la cúpula del procés en el Tribunal Supremo, en que se desmarcó de la hoja de ruta del Govern de Carles Puigdemont, si bien fuentes de la cúpula de Interior de la época atribuyen esta tardanza a un problema a la hora de abordar un contrato público sin concurso. Finalmente, el entonces conseller Miquel Buch intervino en el caso para ordenar que se pagaran los honorarios a la abogada de Trapero y Laplana, una solución que llegó cuando el juicio en la Audiencia Nacional ya había comenzado.

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