El Govern avaló el nombramiento de un cargo a dedo que la Fiscalía investiga por malversación. La Conselleria de Governació dijo sí a la contratación de personal de confianza en los consejos comarcales en 2015. Ahora, el ministerio público investiga si el Consejo Comarcal del Barcelonés (CCB) cometió un delito contra el erario público por este motivo: renovar el cargo de Joan Canyameres (CDC), su adjunto a gerencia, el mismo año.
Según dos informes internos a los que ha podido acceder Crónica Global, el servicio jurídico de la consejería confirmó la legalidad el nombramiento de gerentes y personal de confianza y eventual en los consejos comarcales. Lo hizo por partida doble: en julio de 2015 y febrero de 2017.
Los documentos [ver aquí] fueron publicados tras las elecciones municipales de 2015, primero, y a petición expresa del Consejo Comarcal del Maresme, después. En los dos textos, el departamento de Meritxell Borràs (PDEcat) dijo que era perfectamente legal contratar a personal no funcionario.
Investigados por malversación
Este aval del Govern no ha impedido que la Fiscalía inicie diligencias contra los 18 consellers del CCB que votaron a favor de renovar el puesto de Joan Canyameres (PDEcat), el adjunto a gerencia.
Los electos investigados pertenecen al PDEcat, el PSC y Ciudadanos.
Todos ellos avalaron que Canyameres, que fue candidato con Xavier Trias a la alcaldía de Barcelona en 2010, continuara en la cúpula del organismo cobrando 56.100 euros al año.
¿Lo permite Montoro?
Las diligencias abiertas por la Fiscalía deberán esclarecer si la renovación de Canyameres constituye malversación de fondos públicos. La clave de la investigación será la interpretación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL), la llamada Ley Montoro para los ayuntamientos.
Un informe devastador de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión del Consejo Comarcal de 2005 a 2011 indica que se vulneró la ley. La oposición también apoya esa tesis. Por el contrario, los consellers investigados argumentan que el cargo es legal, como comunicó la Generalitat.
Para hacer mayor el escándalo, el grupo comarcal de la CUP-Poble Actiu llevó el caso a la Oficina Antifraude esta semana.
