La Generalitat blindó en marzo sus competencias sobre inspectores escolares

La respuesta de la Generalitat a las sentencias que flexibilizan la inmersión pasa, según avanzó el president, Pere Aragonès, por la supervisión de los proyectos lingüísticos de las escuelas. Esa labor será realizada por inspectores educativos sobre los que la Generalitat estrechó su control el pasado mes de marzo mediante un nuevo decreto que contempla nombramientos a dedo y una mayor tutela por parte del Govern.

Ese decreto, muy criticado por los sindicatos, coincidió con las primeras resoluciones judiciales que anulaban proyectos lingüísticos que no cumplían con el 25% de horario lectivo en castellano. La Generalitat aboca ahora a este cuerpo de inspectores, obligados a aplicar el ordenamiento jurídico, a cometer “una falta grave dentro del régimen disciplinario de la función pública”, según advierte a Crónica Global el inspector Jesús Rul.

Y es que, al igual que los directores de centros, los inspectores también pueden ser denunciados si se niegan a cumplir las sentencias lingüísticas, pues serían susceptibles de incurrir en un delito de desobediencia o prevaricación.

Proyectos educativos

“Desde mañana mismo, el cuerpo de inspectores de la Generalitat intensificará la supervisión de los proyectos lingüísticos vigentes en cada centro educativo para asegurar su cumplimiento”. Así lo aseguró el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su declaración solemne del pasado jueves, tras la cumbre sobre la lengua celebrada en el Palau, a la que asistieron asociaciones culturales y educativas a favor de blindar la inmersión. Las mismas que, junto al Govern, se manifiestan hoy en Barcelona para reclamar que no se toque el modelo lingüístico aplicado en las escuelas desde hace más de 30 años.

La Generalitat abonó el terreno para controlar a su cuerpo de inspectores educativos con el Decreto 12/2021, que entró en vigor el pasado 24 de marzo, con la finalidad de actualizar el marco regulador y “adaptar sus finalidades, funciones y organización al contexto actual”. Pero la nueva norma también introdujo modificaciones en la organización de la Inspección de Educación y en sus procedimientos de intervención.

Chiste gráfico sobre los inspectores que vigilan que se hable catalán en clase / TOMÁS

En este sentido, la norma prevé que el ejercicio de las funciones de la Inspección “pueden ser ejercidas temporalmente, con ocasión de vacante, por funcionarios de los cuerpos docentes en comisión de servicios”. Asimismo, la Subdirección General de la Inspección de Educación, que depende de la Secretaría de Políticas Educativas de la Consejería de Educación, “puede constituir grupos de trabajo, formados por inspectores de diferentes inspecciones territoriales y ámbitos de experiencia, para llevar a cabo encargos específicos vinculados a prioridades del servicio con una temporización ajustada a la consecución de los objetivos”.

Decreto y ofensiva judicial

Estos preceptos del decreto fueron duramente criticados por la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) pues, a su juicio, la norma daba vía libre a los nombramientos a dedo y suponía una injerencia política en la labor de estos profesionales”. Ese mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña publicó dos sentencias, que llevaban fecha 23 de enero de 2021, que anulaba los proyectos lingüísticos de dos centros educativos que solo contemplaban la lengua catalana como lengua vehicular. La ofensiva judicial contra el desacato del Govern acababa de comenzar.

El inspector Rul explica que la Inspección educativa fue transferida hace 40 años, pero “la Generalitat ha transformado este cuerpo profesional de la educación en un órgano burocrático, desprofesionalizado y, en algunos casos, lo utiliza para fines políticos (comisarios políticos)”. La Inspección educativa fue fundada en 1849, con el Gobierno liberal del general Narváez. “Se buscaba un cuerpo facultativo de profesionales independientes. Pero tanto la izquierda como los nacionalistas siempre fueron contrarios a esa visión liberal con espacio diferenciado entre el político y el profesional. El expresidente Felipe González suprimió incluso el cuerpo de inspectores, aunque después hubo que crear otro cuerpo”.

Prevaricación

En el caso de la Generalitat “los inspectores son controlados y sus verdaderas funciones, diluidas, no centradas en lo nuclear de la educación: la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos”. Rul explica que el control de los proyectos lingüísticos es algo que ha “hecho toda la vida, pero para garantizar que se ajustaran a la ley. Pero, si lo que se pretende ahora es que los inspectores impidan que se apliquen las sentencias, que obligan a introducir un 25% de horario lectivo en castellano, y que este idioma también sea vehicular en igualdad con el catalán, están poniendo a los inspectores en una situación difícil, pues eso supondría anular su razón de ser: garantes del ordenamiento jurídico-normativo. El inspector que actúe en su contra comete una falta grave dentro del régimen disciplinario de la función pública”.

Rul aconseja a estos profesionales “que exijan por escrito lo que la Consejería de Educación quiere que hagan en los centros, y a los directores de los centros docentes, ante instrucciones no ajustadas al orden jurídico, que las pidan por escrito a los inspectores”. “Dudo de que un inspector desobedezca el ordenamiento jurídico; no puede desbordar lo que dice la Ley de Función Pública”, responde.

¿Qué pasa con la Alta Inspección?

Mucho se ha debatido durante estos años si la Alta Inspección del Ministerio de Educación podría garantizar que, en Cataluña, el sistema educativo cumple con la ley. “Se trata de un órgano sin competencia supervisora creado por el Gobierno Adolfo Suárez, es decir, de hace 43 años, en respuesta a la presión de Jordi Pujol, que quería todas las competencias, incluida la inspección educativa. Hay que tener en cuenta que en países federales como Alemania, la inspección no depende de los lander, sino que es una competencia federal. Por tanto, la Alta Inspección es un concepto raro, con una contradicción en términos, ya que no puede entrar en las escuelas de Cataluña”.

En esta comunidad hay dos funcionarios que pertenecen a la Alta Inspección “que se limitan a hacer informes para el ministerio, es una labor muy burocrática”. Hasta hace pocos años, el porcentaje de inspectores interinos en Cataluña era muy elevado, lo que acentuaba la provisionalidad y el control por parte de la Generalitat.

Durante años no se convocaron oposiciones en Cataluña para acceder al cuerpo de inspectores, sino concursos de mérito como forma habitual de acceder a un cuerpo al que se debe entrar por oposición. Sin embargo, la justicia determinó, mediante sentencia firme, que esta forma de proceder suponía un fraude de ley. Se convocaron entonces oposiciones, que permitieron a más de 100 personas incorporarse al cuerpo de inspectores, bajando así el porcentaje de interinidad.