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Sede del Palau de la Generalitat, donde los funcionarios deberán acatar el 155 / CG

Los funcionarios que no acaten el 155 pueden cometer delito

El acuerdo del Consejo de Ministros advierte a los empleados públicos de la obligación de acatar las medidas aprobadas

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El Gobierno advierte a los funcionarios catalanes de que incumplan las medidas aprobadas en base al artículo 155 de la Constitución, que pueden ser sancionados o incluso perder la condición de empleado público. Incluso pueden ser acusados de delito.

Bajo el epígrafe “Potestad disciplinaria y traslado del tanto de culpa al ministerio fiscal”, el documento aprobado por el Consejo de Ministros (puede leerse en aquí) indica en el apartado E.8 que “el incumplimiento de las medidas contenidas en el acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica de la aplicación”.

Añade que “el ejercicio de la potestad disciplinaria por el Gobierno de la nación, o por lo órganos o autoridades que cree o designe a tal efecto, con respecto a las autoridades y el personal funcionario o laboral del Parlamento de Cataluña y de la Administración de la Generalitat o de su sector público, se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de poner los hechos en conocimiento del ministerio fiscal a los efectos de la posible exigencia de responsabilidad penal”.