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Imagen de archivo del edificio de la Ciutat de la Justícia, donde trabaja el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer / CG

Fuga de funcionarios judiciales si prospera la independencia

El sindicato CSIF asegura que muchos empleados piden que se abra el concurso de traslados

09.10.2017 18:19 h.
3 min

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido hoy que muchos funcionarios de la Administración de Justicia se plantearían abandonar Cataluña si prospera una declaración unilateral de independencia (DUI). Así lo ha asegurado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido el presidente del área judicial de CSIF, Francisco Lama, quien se ha referido a la situación de incertidumbre que viven los funcionarios ante la situación que se vive en Cataluña por el proceso independentista.

Lama ha dicho que ante una virtual desconexión con el Estado español, muchos funcionarios han reclamado al Ministerio de Justicia que abra un periodo extraordinario en sus concursos de traslado pendientes, dado que se plantearían abandonar la comunidad autónoma.

Ante esta situación, CSIF reitera su posición en defensa del ordenamiento jurídico vigente, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. “El sindicato lanza un mensaje de tranquilidad. Velaremos por garantizar su seguridad jurídica y tenemos garantías por parte del Gobierno de que recibirán protección todas aquellas empleadas y empleados públicos que reciban órdenes ilegales por parte de la Generalitat”, ha destacado Lama.

Cataluña es la comunidad que cuenta con uno de los índices más altos de temporalidad de toda España (por encima del 20%), pero la Generalitat renunció el año pasado a  509 plazas para dar estabilidad a funcionarios. CSIF tiene indicios de que este año tampoco optará a nuevas plazas. "Es decir, la Generalitat prefiere tener empleados en precario bajo su gestión que funcionarios de cuerpos nacionales con plaza fija", denuncia el sindicato.

CSIF cree que una solución a los problemas de coordinación sería que toda la Justicia (tanto la propiamente dicha, como la administración de Justicia) dependiera en su integridad de un mismo organismo administrativo- judicial con un presupuesto propio. "De esta manera se aseguraría su independencia y su funcionamiento homogéneo en todo el territorio nacional con la prestación de un servicio uniforme con garantías de igualdad en el acceso a la Justicia", indican.

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