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La central nuclear de Vandellós II en Tarragona.

Fuga de datos sobre seguridad nuclear en Cataluña

El Gobierno autonómico blinda su registro y niega los fallos de coordinación que denuncia el CSN español

4 min

En pleno proceso de independencia energética, el Gobierno catalán no quiere renunciar al control de las licencias de operadores y supervisores de instalaciones radioactivas, lo que ha provocado una pugna con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Este organismo denuncia fallos de coordinación y exige prioridad en el registro de las licencias, mientras que la Generalitat no quiere renunciar a su propio banco de datos independiente y niega que existan deficiencias en el suministro de datos.

El pasado 30 de marzo, el Pleno del CSN analizó las “deficiencias evidenciadas en varias auditorías realizadas a lo largo de los últimos años” respecto al funcionamiento del Servicio de Coordinación de Actividades Radioactivas (SCAR). En las mismas, se señalaba la “incorrecta cumplimentación por parte de la entidad encomendada de la base de datos de licencias de operadores y supervisores de instalaciones radioactivas --hospitales, empresas, etc…--, lo que imposibilita al CSN mantener al día dicho registro, con la consiguiente responsabilidad del CSN por este incumplimiento de la legislación aplicable”.

Esta situación fue discutida en varias reuniones de la Comisión Mixta CSN-Generalitat. El Pleno del CSN acordó remitir al SCAR un escrito en el que se instaba a la rápida eliminación de la contingencia recogida en las auditorías en el menor plazo que sea posible”.

Alarma en Tarragona

La descoordinación respecto al registro de esos operadores generó cierta alarma en Tarragona, territorio donde están emplazadas las centrales de Vandellós y Ascó. El PSC se hizo eco de esta inquietud y pidió explicaciones al consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget. En su reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno catalán explica que desde 1987 todas las licencias de instalaciones radioactivas de Cataluña están registradas y gestionadas mediante la base de datos del SCAR. Estos datos eran traspasados al registro del CSN mediante un proceso telemático, pero desde hace unos años, el CSN expresó su deseo de que los datos se incorporaran directamente a su base central “por encima de la base de datos de Cataluña”.

Pese a este requerimiento, la Generalitat ha seguido trabajando con su propia base de datos independiente de la del CSN, aunque “siempre ha aportado la información a la base de datos del CSN y, por tanto, nunca ha habido una deficiencia de datos”.

El consejero Baiget explica que “a la espera de una solución informática por parte del CSN para evitar la duplicidad de datos”, éstos se incorporan tanto a la base de datos catalana como a la del CSN.

Instituciones reguladoras

La Generalitat niega que se haya hecho caso omiso de las auditorías del SCAR y que existan “deficiencias reales” que afecten a la seguridad. “La coordinación de las bases de datos está actualmente solucionada y así lo manifiesta el CSN en el acto de la Comisión Mixta del 7 de junio de 2016”. Desde 2012, esta comisión Estado-Generalitat se ha reunido cinco veces.

La independencia energética es uno de los objetivos de la hoja de ruta secesionista de CDC y ERC. Los documentos que maneja el Gobierno catalán contemplan como primeras actuaciones en el proceso de independencia la creación de instituciones reguladoras, como una Comisión Nacional de la Energía y un Consejo de Seguridad Nuclear, para fijar una normativa propia que regule el sector energético y para negociar la propiedad y/o gestión de los activos de transporte en territorio catalán.