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El exletrado del Parlament y profesor de la UPF, Francesc Pau Vall /CG

Francesc Pau: "Torrent lo tiene complicado, o comete delito o pierde votos"

El exletrado del Parlament considera que el Estado "está muy duro y eso refuerza el independentismo"

12 min

Se acaba de jubilar con 65 años como letrado del Parlament. Lo hace en un momento convulso, como lo fue la anterior legislatura. En ella, Francesc Pau Vall asistió a la tramitación de las leyes del referéndum y de transitoriedad, que considera inconstitucionales. Profesor de Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Pau cree que “solo con la ley, el problema catalán no se soluciona”.

-¿Qué opina de la situación existente en el Parlament?

-Es una situación de bloqueo absoluto, estamos con el artículo 155 encima. Habría que intentar desbloquearla, volver a la normalidad autonómica. De fondo hay un grave problema político en España que es que en Cataluña hay dos millones de personas que legítimamente apoyan la independencia, si bien es cierto que 2,2 millones no la tienen como prioridad o no la pretenden. El problema subsiste, se debería establecer una negociación sobre el encaje de Cataluña en España.

francesc pau vall

Francesc Pau Vall, en un momento de la entrevista

-¿Es un problema más político que jurídico?

-Con la ley, el problema de Cataluña no se va a solucionar. Por más que se aplique la ley, seguirán subsistiendo dos millones de personas que son independentistas. Yo, como profesor de Ciencia Política en la UPF, explicaba que hace años el número de independentistas estaba entorno al 35%, y ahora está en el 48%. Hay una acción-reacción. Una posición inteligente del Estado sería tratar de volver a ese 35%.

-¿Estamos a tiempo? Las posiciones están muy enrocadas.

-Si no ¿cuál es la alternativa? Creo que es negociación o negociación. El independentismo no tiene fuerza suficiente para imponerse, como se está demostrando. El expresidente Artur Mas y varios consejeros están fuera de pantalla, varios diputados investigados por el Tribunal Supremo…

-Hay una generación anulada.

-Exactamente. En ocasiones se ha hecho referencia a un choque de trenes. Si uno de los trenes tiene mucha fuerza, puede ir a ese choque. Pero, si no, ya hemos visto cómo se sale perjudicado. Por primera vez desde que tenemos autonomía estamos prácticamente sin autonomía. El independentismo es legítimo, pero es que ahora se defienden en una situación peor de la que se estaba.

-Vemos que ese independentismo se defiende con personalismos, con “Puigdemont o Puigdemont”, cuando a lo mejor, con otro candidato, ya habría un nuevo gobierno y no un 155.

-Para la investidura es necesaria la CUP, que ha dicho que “o Puigdemont o Puigdemont”. Y dentro de Junts per Catalunya, el entorno de Puigdemont no sé cómo reaccionará si el presidente del Parlament, Roger Torrent, propone otro candidato. Si no ha hay mayoría, estamos en un callejón sin salida.

Puigdemont tiene presunción de inocencia y, por tanto, podía ser investido. ¿Cuál es el problema? Que tiene una orden de detención y, por tanto, en cuanto entre en España, será detenido. Pero una cosa no impide la otra

-¿Puigdemont puede ser investido?

-Me ha sorprendido el acuerdo del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Puigdemont tiene presunción de inocencia y, por tanto, podía ser investido. Y además la Constitución en el artículo 23.2 establece el derecho de representación política. No solo se lesiona el derecho de Puigdemont, sino de quienes le votaron. Tiene derecho a ser diputado. Me sorprende que el Constitucional ya prevea la exclusión de Puigdemont. ¿Cuál es el problema? Que tiene una orden de detención y, por tanto, en cuanto entre en España, será detenido. Pero una cosa no impide la otra. Si es detenido, el magistrado del Supremo probablemente ordene su ingreso en prisión. Si está en prisión y no se deja salir, como ha pasado con Oriol Junqueras, no podría asistir a la investidura. Es un lío considerable.

-En el caso de Junqueras, se le reconoce el voto delegado, pero a Puigdemont no.

-Se le permite el voto delegado, pero no a participar en la actividad parlamentaria, lo cual puede vulnerar el derecho de representación política. El criterio del juez Pablo Llarena me parece excesivo. Sería razonable que el diputado pudiera ejercer sus funciones en el Parlament pues ha sido elegido para eso. Yo veo una cierta contradicción.

-El derecho es interpretable, obviamente no es una ciencia exacta.

-Muchos juristas expertos en Derecho Penal, que no es mi especialidad, creen que la posición del magistrado del Supremo es enormemente rígida. No es incompatible permitir que Junqueras y quienes están en prisión puedan ejercer su función, sin perjuicio de que luego vuelvan a la cárcel, si este es el criterio del magistrado. Veo que el Estado globalmente considerado, y no solo y el Gobierno y el Senado, que han aplicado el artículo 155 de la Constitución, sino también el Supremo y el Constitucional están muy duros, pero por ese principio de acción-reacción, lo que hacen es reforzar el independentismo, que ha ido escalando posiciones porcentuales. Cuando en realidad de lo que se trata, para solucionar el problema político, es de desactivar las posiciones independentistas.

-Veo que la posición de Torrent es sumamente complicada. ¿Hizo bien en aplazar la investidura de Puigdemont?

-Está en una situación complicadísima. Torrent podía aplazar la investidura, pero lo que pasa es que hemos salimos del plazo establecido por la ley. El problema es que tiene prohibido expresamente proponer a Puigdemont, aunque la investidura estaba convocada tras la ronda de consultas. Si incumple lo que dice el Constitucional, puede incurrir en un delito de desobediencia, que es lo le pasó a su antecesora, Carme Forcadell. Si no lo propone, perderá votos de Junts per Catalunya y de la CUP. Es una situación enormemente compleja.

-Torrent se debe a la ley, pero también a su partido. Se judicializa la política, pero también se politiza la justicia…

-Por eso creo que vamos por mal camino. Se debería negociar. Si para hacer la Constitución de 1978 fueron capaces de ponerse de acuerdo desde Santiago Carrillo hasta Manuel Fraga, pasando por los nacionalistas catalanes y vascos, creo que se debería hacer un esfuerzo de buscar una solución política al problema. Se debería buscar un encaje de Cataluña en España que ahora no es adecuado.

-¿Una reforma constitucional?

-Una reforma constitucional que pase quizá por una disposición adicional. Para eso debe haber consenso político. No sé si PP, Ciudadanos y PSOE, a nivel de Estado, apostarían por esa solución. Insisto en que, con la aplicación de la ley, esto no se va solucionar.

-¿Un referéndum pactado?

-En las negociaciones, unos pueden pedir negro y otros blanco, y hay que llegar a una tonalidad de gris. Se debería llegar a un punto intermedio. Carrillo no era monárquico, pero aceptó una monarquía parlamentaria con un Rey sin poder. Pero ahora nadie se mueve a nivel político.

La opinión de los letrados del Parlament no es definitiva, porque no tenemos representación política. Quienes deciden son los políticos. Es cierto que, por una y otra parte, se ha intentado utilizar a los letrados

-Usted ha sido testigo directo de las negociaciones de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura, donde no se ha hecho caso a los informes de los letrados e incluso se les ordenó callar.

-Los letrados tenemos una función consultiva. Expresamos nuestra opinión respecto a si una decisión se ajusta a Derecho o no. Pueden haber posiciones jurídica distintas. Pero la opinión de los letrados no es definitiva, porque no tenemos representación política. Quienes deciden son los políticos. Es cierto que, por una y otra parte, se ha intentado utilizar a los letrados. Pero los letrados accedemos a la plaza por concurso oposición y expresamos nuestras posiciones jurídicas libremente.

-¿Deberían ser vinculantes esos informes?

-No, porque quienes deben decidir son los políticos votados por la ciudadanía. Si yo voy al médico porque me duele el cuello y me dice que me opere, yo soy quien decide si me opero o no. Si al cabo de un año me sigue doliendo, el médico puede decirme que ya me aconsejó operarme. Si se recomienda algo y no se hace caso, puede haber problemas.

-La imagen que quedó de aquellos traumáticos días 6 y 7 de septiembre (aprobación de las leyes de ruptura) es la de unos políticos que no hacían caso de las leyes. ¿Eso puede resultar un mal ejemplo para el ciudadano?

-En mi opinión, las leyes que se aprobaron eran claramente inconstitucionales. Pero fue una decisión política legítima. Pero luego puede venir el Tribunal Constitucional y decir que esas leyes son inconstitucionales. Lo razonable sería que se atendiera al criterio constitucional, pero los letrados no tenemos legitimidad democrática para imponer nuestro criterio. Nuestro punto de vista puede ser erróneo. Por ejemplo, en relación a sobre si con el aplazamiento de la investidura corre el plazo o no, hay opiniones jurídicas diversas.