El defensor jurídico del Govern esquiva su juicio por las urnas del 1-O

La investigación judicial a Francesc Esteve, director del gabinete jurídico de la Generalitat, por su implicación en el referéndum del 1-O ha quedado archivada. La jueza de Barcelona que instruía la causa ha decidido paralizarla ya que considera que no hay pruebas suficientes para acusarle de haber intentado comprar urnas para llevar a cabo la votación ilegal de 2017.

La denuncia sobre la actividad de Esteve fue interpuesta por Fiscalía en junio de 2017, cuando era número dos del Departamento de Gobernación del Govern bajo el mando de Meritxell Borràs --también incluida en la querella--. Esta Consejería convocó un concurso para la licitación de urnas que Fiscalía pensaba que se utilizarían en el referéndum independentista. 

Investigación del TSJC

La investigación sobre Esteve y Borràs fue realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Más tarde, la exconsejera de Gobernación fue imputada por un delito de rebelión, por lo que el alto tribunal catalán remitió sus diligencias al Tribunal Supremo, encargado de juzgar esta acusación. Así, las acusaciones de prevaricación, malversación y desobediencia que pesaban sobre Borràs y sobre el actual director del gabinete jurídico de la Generalitat fue derivado a un juzgado de Instrucción de Barcelona. 

Tras más de dos años de investigaciones, la jueza concluye que las diligencias practicadas no acreditan que la compra de urnas que se publicó en el acuerdo marco de licitación estuviera vinculada al referéndum del 1-O, como alegó el propio imputado, que en su declaración aseguró que eran para las citas electorales cercanas a la fecha del concurso.

El concurso quedó desierto

El concurso para la licitación de urnas del Govern se declaró desierto por motivos técnicos. Este detalle se destaca en el auto judicial que archiva la causa contra Esteve, que apunta que tras este concurso no se aprobó "gasto alguno" para comprar las urnas ni ninguna contratación derivada. Asimismo, la jueza razona que el expediente fue puesto en conocimiento del propio Tribunal Constitucional, que concluyó que solo sería inconstitucional en caso de que el concurso fuera destinado a suministrar urnas para el referéndum, no para elecciones.

Vox, que ejerce acusación popular en la causa contra Esteve, ha recurrido el archivo de la causa ante la Audiencia de Barcelona argumentando que, cuando aprobó el acuerdo marco, Esteve actuó "al margen de la Constitución y el ordenamiento jurídico, por encima de los intereses generales, con desprecio al imperio de la ley de manera arbitraria".